En los círculos y medios afines a Sánchez, se manipulan las palabras de Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, mediante la técnica de resumir su larga y compleja perorata en una sola conclusión: «necesitamos un pacto». Gracias a esa manipulación -que no es una mentira, porque el gobernador lo dijo así- se permiten sacar la manida conclusión de que Casado no está a la altura de los tiempos, que solo utiliza el covid-19 para su maniobra de acoso y derribo del Gobierno, y que lo que tiene que hacer el PP, porque así lo exige el sacrosanto electorado, es adherirse a los planes económicos diseñados por el legítimo Gobierno de Sánchez e Iglesias. Lo malo es que, si leemos entera la intervención que hizo Sánchez de Cos en la Comisión de Reconstrucción creada en el Congreso, es evidente que dijo lo contrario de lo que se dice que dijo, y señala unos deberes a los políticos que, sin ser indiscutibles, ni brillar por su originalidad y enjundia, rebosan racionalidad, oportunidad y realismo.
Cuando Sánchez dice que hay que pactar, siempre habla de un pacto de triple adhesión: a sus políticas, a los socios de sus políticas, y a las consecuencias -lamentables- de sus políticas. Y por eso apunta a un pacto de contenidos dúctiles y maleables -tan flexible como el chicle-, apoyado por una mayoría de geometría variable -en la que da lo mismo Bildu que Ciudadanos, ERC que el PRC (los regionalistas de Revilla), Urkullu que Torra, y Teruel Existe que el PP. Lo único importante es meter en la perola todo lo que quepa, cocer ocho horas, y sacar una pócima comparable a las que hacían -con sapos, rábanos y culebras- las brujas medievales.
Pero el pacto que exige Hernández de Cos se sitúa en las antípodas del de Sánchez, e incluye todo aquello que Sánchez rehúsa mencionar: un acuerdo PP-PSOE, con duración de dos o más legislaturas, y capaz de afrontar un ajuste estructural de la economía y una consolidación fiscal compatibles con los males ya diagnosticados de la situación española. Dice el gobernador del BE que las medidas tomadas contra el covid-19 han generado daños estructurales, cuya recuperación exige combinar las medidas de reactivación con las medidas de ajuste, por lo que se hace imprescindible una política económica «urgente, integral, permanente, evaluable y basada en consensos amplios», para «fijar el nivel de prestaciones que queremos, y asegurar los recursos necesarios con principios de equidad intergeneracional» que afectarán al modelo de pensiones, a la evaluación de los efectos del ingreso mínimo vital, y a los criterios de flexibilización del empleo.
De ese pacto -que en el título es «el pacto»- quieren hablar Casado, Arrimadas, Calviño, Urkullu, e incluso Torra. Y no quieren ni siquiera mencionarlo Sánchez, Iglesias, Otegui y Rufián. Pero no porque los Frankenstein dispongan de soluciones alternativas, sino porque, si rompiésemos la barrera que separa al PSOE del PP, toda la política argallada por Sánchez se derrumbaría como un castillo de naipes.