De los veinte programas más vistos en mayo, dieciocho veces el mejor clasificado fue Supervivientes. El auténtico opio del pueblo en el encierro ha sido el reality de Telecinco, que permitió a los confinados de este lado del Atlántico husmear en las vidas de otros confinados en una isla exótica. Esa supuesta utilidad pública sirvió como triquiñuela para justificar que los concursantes recién llegados a España se saltaran la cuarentena preventiva de 14 días que es obligatoria para todo aquel que proceda del extranjero, por mucho avión de lujo que le pague la empresa. Sin embargo, se presentaron en el plató para ejercer su derecho a trabajar y a contagiar.
En el país de la picaresca, el primer pensamiento ante una norma es buscar la rendija por la que deslizarse para interpretar la regla en beneficio propio, como quien antes de la desescalada aprovechaba para recorrer la ciudad cuando salía a por pan. Cabe pensar que cuando el BOE califica a los medios de comunicación como «actividad esencial» es probable que lo haga pensando más en su vertiente informativa que en las necesidades perentorias de las estrellas de la telerrealidad. Muchos profesionales mucho mejor dotados para el espectáculo siguen sin poder trabajar por cumplir las normas. Un gran poder como el que le da la audiencia a Supervivientes debería haber conllevado una mayor responsabilidad.