Son tantas las rectificaciones y contradicciones en las que incurre el Gobierno que algunas pasan ya desapercibidas en las sabatinas de Pedro Sánchez. En la última, por ejemplo, anunció que pretende levantar el estado de alarma en algunas comunidades en los próximos días y mantenerlo en otras. Entiéndase bien. No habla de que las autonomías estén en distintas fases, con diferentes restricciones a la hora de pasear o comprar, lo cual es lógico, sino de que unos territorios tengan limitados -y hasta suspendidos, contra toda legalidad- derechos fundamentales que nada tienen que ver con la pandemia y otros no. Si tal dislate se consumara, con el covid-19 activo en toda España en mayor o menor grado, habría dos tipos de ciudadanos: unos de primera y otros de segunda. Unos con sus derechos fundamentales intactos y otros con sus libertades suspendidas por una legislación de excepción. Algo aun más inquietante cuando con quien negocia el Gobierno esa medida es con los independentistas. El asunto tiene nulo encaje constitucional si Sánchez dice la verdad cuando asegura que será la última prórroga que solicite. Establece la Constitución en su artículo 116.2 que el decreto de alarma que apruebe el Congreso «determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración». Difícilmente podría por tanto Sánchez levantarlo a discreción en unos territorios y otros no, como pretende, porque solo el Congreso puede autorizar un cambio de ámbito territorial.
El Gobierno confunde intencionadamente la pandemia, y las medidas necesarias para contenerla, con un salvoconducto para hacer lo que le plazca al margen de la Constitución. ¿Qué tiene que ver por ejemplo el virus con que se mantengan suspendidas las consultas al portal de transparencia? Y así llegamos al absurdo de que se va a permitir a los españoles ir a beber de diez en diez a las terrazas o ir al cine, pero no que los medios acudan a la Moncloa a preguntar y repreguntar al Ejecutivo, existiendo allí una enorme sala de prensa que permitiría guardar la distancia social. Eso no es urgente, por lo visto, y el Gobierno ni siquiera aclara cuándo tiene previsto que suceda, como tampoco precisa cuándo devolverá a las Cortes la plenitud de su facultad legislativa y de control al Ejecutivo, que si se aprobara la prórroga de un mes, y tras el cierre del período de sesiones en julio, quedaría suspendida de facto hasta octubre.
No hay un solo motivo que justifique que Sánchez solicite que la nueva prórroga del estado de alarma se prolongue por un mes. El 9 de abril, con cerca de mil muertos cada jornada, pidió una prórroga de quince días. Y ahora, con 59 fallecidos en el último día, la quiere mantener por seis semanas. Solo dos hechos provocan esa contradicción. Uno, que Sánchez teme perder la mayoría en el Parlamento si sigue teniendo que negociar sucesivas prórrogas. Y otro, que teme perder la calle cuando, tras retirarse el estado de alarma, las protestas no sean solo de los cayetanos de Madrid, sino de ciudadanos de toda España, y de cualquier clase social o ideología, críticos con su gestión.