El estado de alarma bajo el que llevamos viviendo ocho semanas, y que ayer el Congreso prorrogó por la mínima hasta el día 24 de este mes, hizo posible un confinamiento general de la población española por virtud del cual se limitó muy seriamente el derecho constitucional a la libre circulación de las personas por el territorio nacional.
Pero la legislación de alarma, que el Ejecutivo utilizó para algunas cosas verdaderamente vergonzosas -por ejemplo, modificar la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia con la finalidad de colocar en él a Pablo Iglesias-, ha generado una inercia tan peligrosa como cierta: ha acostumbrado al presidente del Gobierno y a sus ministros a hacer su caprichosa voluntad, a manifestar públicamente con total tranquilidad sus más pintorescas ocurrencias y, en fin, a administrar los intereses generales sin tener en cuenta que las decisiones del Gobierno, o su simple anuncio, afectan a los legítimos intereses y expectativas de millones de personas.
El último ejemplo de esa forma irresponsable de actuar lo ha protagonizado la ministra de Educación quien, sin encomendarse ni a Dios ni a los santos, acaba de descolgarse con un anuncio que ha puesto los pelos de punta a profesores, padres y autoridades autonómicas responsables de la gestión educativa. La ministra Celaá, que demostró ya su desparpajo cuando desempeñó la portavocía del Gobierno, ha anunciado que a partir de septiembre solo podrán asistir a las aulas el 50 % de los estudiantes españoles. Sin consultar con nadie tal anuncio -quizá ni siquiera con ese camarote de los hermanos Marx en que se ha convertido nuestro Consejo de Ministros-, Celaá se ha lanzado al ruedo sin darse cuenta, entre otras muchas cosas, de que el Gobierno al que pertenece no tendrá ya en septiembre las potestades jurídicas extraordinarias que le permitirían adoptar tal decisión. ¿O es que, sin decirlo, Sánchez y sus ministros piensan seguir estirando sine die el estado de alarma con el que, por lo que se ve, se encuentran como peces en el agua?
Porque, la verdad, es que, pese a la indiscutible dureza de la gravísima situación que el país viene atravesando, es creciente la sensación de que en el estado de alarma han encontrado Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias -desde hace meses, al parecer tanto monta, monta tanto- el instrumento que necesitaban para gobernar sin las molestas limitaciones de las democracias burguesas que el maestro (Pablo) ha enseñado a despreciar a Pedro, su discípulo.
Convencidos uno y otro de que frente a su misión providencial no hay más que una pandilla de fascistas, embozados o a cara descubierta, ambos parecen haber llegado a la conclusión de que, armados de la superioridad moral que sobre todos sus adversarios están convencidos de tener, necesitan gobernar sin las limitaciones que podrían interponerse en su camino. El estado de alarma les ha ayudado a verlo con una claridad que antes no tenían. Y ese es, sin duda, el mayor de sus peligros.