El PP amaga con tumbar una nueva prórroga del estado de alarma. «A partir de esta semana no tiene ningún sentido», dijo ayer Pablo Casado. Hay en la frase un reconocimiento implícito de que el instrumento constitucional ha funcionado: se decretó tarde pero ha cumplido, ya no se necesita estirarlo más. Aún así, el dirigente popular duda -Si fallor, sum, que decía san Agustín- entre abstenerse, para que aprueben otros la prórroga, o votar en contra, para clavar un rejón al Gobierno y retirarle a Sánchez el «mando único». Su dilema consiste en dilucidar cuál de las dos opciones, la abstención o el no, tendría mejor acogida entre los sufridos ciudadanos.
Me temo que no puedo ayudarle a deshojar la margarita, porque yo mismo chapoteo en un mar de dudas. Mi corazón se inclina hacia el no: ardo en deseos de que se restituyan mis derechos suspendidos, abrazar a mi nieto y visitar mi pueblo. Pero mi sentido de la responsabilidad me indica lo contrario: el bicho sigue ahí, los expertos hablan de probable recaída y no veo alternativa. La disyuntiva que plantea el Gobierno, aun descontando que arrima el agua a su molino, tiene algo de plausible: o estado de alarma o caos.
Imaginemos que el miércoles se levanta el estado de alarma. El próximo domingo, los ciudadanos recuperamos nuestros derechos y las comunidades autónomas sus competencias. Arrojamos el plan de desescalada a la basura y se acabó el confinamiento. Ni franjas horarias ni farrapos de gaita. Desde ese día circularemos libremente por todo el territorio nacional a pie, a caballo o en automóvil desentumecido. Porque ninguna ley, ordinaria u orgánica, puede restringirnos el derecho a transportar el virus más allá de la provincia o del área sanitaria.
Otra cosa es que encontremos abierto o cerrado el bar para tomarnos la caña, porque eso dependerá de cada comunidad autónoma. Suele olvidarse que, horas antes de ser decretado el estado de alarma, la Xunta de Galicia ya había cerrado los establecimientos comerciales por emergencia sanitaria. Los niños volverán a los colegios y guarderías, unos sí y otros no, según decidan las respectivas autoridades autonómicas. Volveremos, pues, a la normalidad vieja, no a la nueva. Y todos encantados, a condición de que el virus no regrese engallecido para recordarnos que todos somos mortales.
Más de tres millones de trabajadores, sometidos a ERTE, cobran del erario público mientras esperan el reingreso en sus empresas. El Gobierno advirtió que perderían sus salarios de levantarse el estado de alarma. Lo explicó mal: los ERTE pueden prorrogarse con o sin estado de alarma. Pero, ¿hasta cuándo? Puesto que están vinculados al cese de la actividad por decreto, si este se deroga y el negocio reabre sus puertas, ¿qué hacemos? ¿Convertimos en permanente la T de temporal y creamos un nuevo subsidio de paro acorde con la nueva normalidad?
Si todo eso no es el caos, se le asemeja bastante. Diré más: estoy convencido de que Casado, sin dejar de fustigar al Gobierno, acabará por ceder y admitir que hoy por hoy no existe plan B.