Han bastado dos meses para confirmar lo que ya sabíamos: el Gobierno de coalición no iba a ser, no lo es, una balsa de aceite. Nadie dijo que sería fácil. La clave es si las discrepancias políticas e ideológicas ya conocidas entre los dos socios son asumibles y reconducibles o no. Eso está por ver. Era evidente que los ministros de UP son unos pipiolos en la gestión y que ambas partes iban a tratar de apuntarse todos los tantos que pudieran. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Bastó que se filtrara el anteproyecto de ley de libertad sexual para dejar en evidencia dos cosas: las carencias técnico-jurídicas de Irene Montero y su equipo y las luchas internas dentro del Ejecutivo, en especial entre Carmen Calvo e Irene Montero por hacerse con la bandera del feminismo. La vicepresidenta primera se ha convertido en la bestia negra del vicepresidente segundo y sus ministros y además está en guerra con el todopoderoso Iván Redondo. Pero la lista de disensiones es amplia: irrupción de Yolanda Díaz en la crisis del coronavirus, comisión de investigación sobre Juan Carlos I, ley de Educación, recurso contra la indemnización a la familia Couso, política de inmigración y asilo... Estas diferencias han desdibujado dos leyes que debían ser la joya de la corona del Gobierno, libertad sexual y educación, y que han aprovechado lógicamente los que desde el minuto cero acechan para lanzarse al cuello de una coalición de izquierdas que les produce repelús. Anunciaron el apocalipsis en la economía, la rendición en Cataluña y ahora denuncian el caos y descontrol total en el Gobierno y han llegado al extremo de decir que afecta a la coordinación para combatir el coronavirus. La exageración ad infinitum como política de oposición puede ser contraproducente y provocar un cierre de filas.