Una situación difícilmente tolerable


El Ministerio de Sanidad acaba de publicar la situación de las listas de espera a 30 de junio de 2019, ante lo que conviene hacer algunas reflexiones. El número de pacientes en espera quirúrgica (LEQ) ha crecido desde diciembre del 2018 y alcanza 671.494 personas (el 1,48 % de la población), el mas alto desde el 2016, con una ligera disminución respecto a diciembre del 2018 (115 días frente a 129), pero 22 días más que hace un año. El porcentaje con más de 6 meses de espera baja respecto a diciembre (15,8 % frente a 20 %) pero aumenta respecto a junio del 2018 (12,2 %).

Hay muchas diferencias entre autonomías, tanto en el porcentaje de pacientes por 1.000 habitantes en lista de espera quirúrgica como por la demora media y el porcentaje que espera más de seis meses. Además hay una especialidad (cirugía plástica) que supera los 350 días de espera de promedio. Son esperas muy elevadas, tal y como señalan las comparaciones internacionales, y que no han mejorado en el último año.

La espera de consultas externas es también preocupante: 81 días de promedio (15 días es la demora aconsejable), 61,84 personas por 1.000 habitantes y 42,6 % que esperan más de 60 días. Como con la cirugía, los datos son algo mejores que en diciembre del 2018, pero peores que en junio de ese mismo año.

Las diferencias según las comunidades autónomas también persisten: en días de espera, población por 1.000 habitantes, en lista de espera de consultas externas y porcentaje que espera más de 60 días. Las especialidades con mayor demora son traumatología, urología, oftalmología y dermatología, que superan los 70 días de promedio.

La situación es grave, porque las demoras son excesivas de manera generalizada. Además, el tiempo de tardanza real que padecen los ciudadanos es la suma de todas ellas: demora en atención primaria + demora en consultas externas + espera en pruebas diagnósticas (que no recoge el informe) + espera quirúrgica, y por lo tanto en muchos casos será un año, e incluso dos o más.

En este contexto, no extraña el crecimiento de los seguros privados porque los pacientes que tienen dinero buscan alternativas en la sanidad privada, lo que aumenta la desigualdad e impide el acceso a las personas más pobres.

Estos resultados evidencian que nuestra sanidad pública no se ha recuperado de los recortes que sufrió con la crisis y que el aumento presupuestario posterior se ha ido a aumentar el gasto farmacéutico y a las privatizaciones, o sea, a los beneficios empresariales y no a mejorar la asistencia que recibe la población; por eso es necesaria una política sanitaria que tome medidas urgentes para atender las necesidades de salud de las personas.

Por Marciano Sánchez Bayle Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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