La contaminación que no cesa


El planeta se enfrenta a un nivel de contaminación nunca antes visto y que no para de crecer. Después de tres millones de años, la concentración media de dióxido de carbono -un gas que atrapa el calor en la atmósfera- alcanzó las 405,5 partes por millón en el 2017, lo que equivale al 146 % del nivel existente antes de 1750. Los océanos, los bosques, los suelos y otros sumideros que capturan y almacenan el carbono no dan abasto. Y la ciencia habla claro y alto: si no reducimos rápidamente las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, las consecuencias serán cada vez más destructivas e irreversibles; principalmente, un cambio climático a largo plazo, una subida alarmante del nivel de mar, una acidificación de los océanos y un creciente número de fenómenos meteorológicos devastadores.

Desde 1972 las Naciones Unidas institucionalizaron la preocupación mundial por los problemas medioambientales. La Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo, después la cumbre de Río en 1992, el protocolo de Kyoto de 1997, la cumbre de Johannesburgo en el 2002, la de Copenhague del 2009, la de Río+20 en el 2012, el acuerdo de París del 2016… Una y otra vez, el objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de acuerdos supranacionales. Y, una y otra vez, no se cumplió. ¿Por qué?

El medio ambiente es un bien público global y la contaminación, un mal global del que nadie quiere responsabilizarse. Y cuando tenemos un problema que afecta a muchos países sin una autoridad supranacional, la única respuesta es un acuerdo ambiental internacional. Sin embargo, una vez firmado, se convierte en papel mojado: un país que reduzca las emisiones mejorará el medio ambiente y todos los países se beneficiarán, mientras que el coste recaerá exclusivamente en el citado país. En la jerga económica, decimos que los países afectados por el acuerdo están en un «dilema del prisionero», en el que lo mejor que puede hacer cada uno, independientemente de lo que hagan los demás, es incumplir el acuerdo, no reduciendo las emisiones, sino aumentándolas.

Que cada país, en un momento dado, incumpla el acuerdo no es colectivamente óptimo, a pesar de que individualmente lo es. Todos los países estarían mejor cooperando y cumpliendo el acuerdo, ya que la contaminación global sería menor. Pues bien, en teoría, la cooperación solo es factible en un contexto de largo plazo en el que los países actúan hoy, mañana, pasado… En este caso, la mejor estrategia que sostiene el acuerdo consiste en que cada país reduce efectivamente sus emisiones hasta el nivel acordado y las mantiene así período tras período, siempre que los demás reduzcan las suyas hasta el nivel emanado del acuerdo; si en algún momento algún país incumple, desviándose de lo pactado, entonces todos incumplen desde ese momento en adelante. No es extraño que a esta estrategia se le llame «ojo por ojo».

Pese a su aparente simplicidad, no es fácil que el ojo por ojo se sostenga en la práctica debido a que la cooperación no empieza nunca. Es decir, si un país toma la iniciativa de reducir las emisiones hasta el nivel acordado no induce al resto de países a hacer lo mismo. Sin ir más lejos, en la cumbre de Copenhague la UE adoptó la estrategia de reducir las emisiones, que, sin embargo, no fue seguida por los demás. Ergo, la cooperación parece no empezar nunca.

La cooperación no empieza porque el número de países involucrados es elevado y porque la valoración de la demanda y los costes asociados a la contaminación es incierta y además muda con el tiempo. Que, por ejemplo, las emisiones varíen en una época de crisis y que la valoración que hacen los consumidores del problema ambiental varíe también de un año a otro hace que el beneficio neto que percibe cada país pueda cambiar con respecto a la lógica del dilema del prisionero. Este resultado es inevitable mientras no concurran al menos dos condiciones: que haya un desarrollo institucional suficiente y una autoridad común reguladora de las emisiones y capaz de penalizar los incumplimientos, y que la totalidad de las economías más influyentes firme los acuerdos. Sin el concurso de estas condiciones es difícil que se introduzcan medidas penalizadoras. Dos condiciones que, no obstante, a día de hoy parecen utópicas. No es extraño, pues, que actuemos como los protagonistas del famoso dilema.

Por Manel Antelo Profesor de Economía de la Universidade de Santiago

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