La que hoy comienza será la más corta de las campañas electorales celebradas en España desde 1977: ocho días. Tal acortamiento se debe a una reforma de la ley electoral que, adoptada hace tres años para el supuesto de elecciones derivadas del hecho de que el Congreso no invista presidente, vino a probar con contundencia cómo han cambiado las cosas desde que aquel bipartidismo imperfecto nacido en 1982 dio paso a la perfecta ingobernabilidad que hoy arrasa la vida nacional.
Pues lo cierto es que ese acortamiento no encubre el hecho de que en España vivimos en campaña electoral desde que en diciembre del 2015 se celebraron los comicios que inauguraron la disparatada carrera que se resume en un dato desastroso: con las del próximo día 10, en cuatro años habremos votado en cuatro elecciones generales.
En ese cuatrienio ha habido de todo (dos disoluciones de las Cortes debidas a la imposibilidad del Congreso de elegir presidente en el 2016 y el 2019, una moción de censura en el 2018 y una disolución anticipada en el 2019) con un gran protagonista: Pedro Sánchez. La disolución del 2016 fue consecuencia de su famoso «no es no», las del 2019 de la incapacidad de Sánchez de llegar a un pacto de gobierno, la disolución anticipada del rechazo del proyecto de ley presupuestaria del PSOE y la moción de censura de la decisión del propio Sánchez de llegar al poder con el apoyo de amistades muy peligrosas e intrigantes: un partido liderado por quien hoy está en prisión condenado por sedición y otro que dirige un presidente de la Generalitat que condena con la boca pequeña la violencia pero persigue a los policías que la combaten en las calles.
Con la insurrección del separatismo catalán en el momento más grave de su historia, la creación de empleo reduciéndose, el crecimiento económico a la baja, los Presupuestos prorrogados desde hace casi dos años y la Comisión Europea exigiendo un ajuste de 6.600 millones de euros al Gobierno, nuestro país lleva cuatro años en campaña electoral, durante los cuales apenas hemos vivido un breve período de calma relativa: el del Gobierno de Rajoy, en minoría y con graves dificultades para legislar, entre noviembre del 2016 y junio del 2018.
La ingobernabilidad -y la inestabilidad política, económica y social que de ella se derivan- es un mal de naturaleza profundamente perniciosa. Pero, acompañada de un campaña electoral que no ha cesado como consecuencia de la sucesiva celebración de elecciones generales, se convierte en una bomba de relojería para el futuro del país. Vivimos bajo el dominio de la constante demagogia, de las promesas incumplidas y las intenciones que se ocultan para no perder electores y hemos llegado a un punto en que el futuro de España está gravísimamente comprometido por una política delirante que, en lugar de ser la llave para la solución de los problemas, es el candado que cierra la posibilidad de resolverlos. Por eso el día 10 el país se juega tanto.