Está en boca de millones de españoles, pero sobre todo de los que, con tanta desfachatez como cinismo, se resisten a condenar con claridad a quienes, por acción u omisión, son responsables de los gravísimos disturbios que han asolado las principales ciudades catalanas. La palabra mágica, el bálsamo de Fierabrás que todo lo sanará, la solución al que -como antes el vasco- ya se denomina conflicto catalán, es el diálogo. ¡Acabáramos!
Ocurre, claro, que basta preguntar sobre qué podría, o qué debería, dialogarse para comprobar que la apelación al diálogo solamente es pura retórica: hablando se entiende la gente, se dice, lo que, como principio, es sencillamente falso. Hablando se entiende la gente cuando quienes lo hacen se comunican entre sí y cuando del diálogo puede nacer un espacio común para el acuerdo. Cuestiones ambas que hace mucho tiempo que no se dan en Cataluña.
La Generalitat secesionista, empeñada en representar solo a una parte del pueblo catalán, habla de autodeterminación e independencia frente a un Estado democrático que, como la inmensa mayoría de los existentes en el mundo, jamás aceptará ni una cosa ni la otra. Son lenguajes tan distintos que entenderse es imposible, de modo que solo si los nacionalistas renuncian a la secesión y aceptan la evidencia de que en un Estado democrático no se puede jugar fuera o contra su Constitución será posible abrir con ellos alguna vía de diálogo.
Pero incluso en tal supuesto -que, por desgracia, está muy lejos de vislumbrase a día de hoy- el diálogo resultaría muy difícil por la sencillísima razón de que en cualquier futura negociación entre el Estado y Cataluña (que es una de sus partes) el margen de maniobra para hacer al nacionalismo concesiones es casi inexistente por un motivo que muchos simulan hoy desconocer: porque el grado de descentralización de Cataluña es tan extraordinario que poco cabe ya concederle que no tenga transferido. Ahí es donde reside, de hecho, el gran problema para que ese dialogo, tan cínica o ingenuamente manoseado, pueda ser un instrumento útil para solucionar un desafío que los nacionalistas han elevado hasta la reivindicación secesionista al ser plenamente conscientes de que nada sustancial pueda ya dársele a un territorio que lo ha conseguido prácticamente todo a base de presionar durante décadas. La verdad es que el Estado central casi no existe en Cataluña y la presencia que aun le queda resulta innegociable, pues renunciar a ella significaría dar de facto la independencia a Cataluña, que más pronto que tarde se consolidaría por la vía del derecho.
¿No tiene, pues, el problema solución? Solamente una: que el nacionalismo catalán acepte que ya ha ganado al Estado, al 90%, la partida, y que el 10% que aun le queda por ganar constituye una quimera, pues el Estado jamás lo entregará. O eso, o seguir como hasta ahora, en un grave conflicto que divide cada día más a la sociedad catalana en dos mitades irreconciliables.