El suicidio está considerado por la OMS como «un grave problema de salud pública». Además de ser un hecho incuestionable (dado el número tan elevado de muertes anuales), es una decisión política de gran calado. Esto es, la OMS evidencia que el suicidio es una cuestión que afecta a la sociedad en sí misma, y para la que tendremos que buscar una solución colectiva.
Verlo como un problema de salud pública es lo que permite desterrar, o al menos contraponer, ciertos mitos alrededor del suicidio que mantienen una idea fatalista («no se puede hacer nada»), o estigmatizadora («el que se suicida es un cobarde» o «es porque tiene una enfermedad mental») y, en cualquier caso, una condición que pertenece a la esfera de lo privado, de lo que hay que ocultar, de lo que no se podrá conocer, y un efecto imprevisible e inevitable ante el cual apenas tenemos herramientas para reducir su impacto.
El tabú del suicidio hace que las personas que piensan en él no lo hablen, no busquen ayuda profesional, se sientan culpables por sentirse mal y hacer sentirse mal a sus allegados, profundizando así en su malestar. Los supervivientes se imponen un silencio culpable, por sentirse avergonzados, cuando no señalados por una sociedad que crea muros de incomprensión y rechazo hacia lo que es diferente o no entiende.
Los profesionales pueden adoptar una actitud pasiva o temerosa a la hora de preguntar sobre el suicidio. Y, en ocasiones, los medios de comunicación distorsionan de una forma sensacionalista las noticias sobre esas muertes, alimentando así los prejuicios y estereotipos sobre el mismo.
Hay quienes afirman que no se podrá prevenir todas y cada una de las muertes por suicidio. Evidentemente. Pero esto no es excusa para la inacción. El suicidio tiene un origen multicausal y complejo, pero no significa que sea un misterio, ya que conocemos los factores de riesgo individuales, sociales, culturales o económicos más frecuentes en cada etapa vital, como para poder poner en marcha planes de prevención, y medidas que impliquen los ámbitos educativo, sanitario y de protección social.
Para conseguir una reducción sostenida del número de suicidios, incluso en épocas de mayor adversidad socioeconómica, los gobiernos han de priorizar las políticas públicas de prevención, con una fuerte inversión económica y de recursos profesionales y un cronograma sistemático de acciones a corto, medio y largo plazo. Debemos exigirlo así, porque el suicidio nos concierne a todos.