La inestabilidad política está asfixiando financieramente a las comunidades autónomas. No hay Presupuesto -vivimos en tiempo de prórroga-, no hay Gobierno en plenitud de funciones y, en consecuencia, permanecen bloqueados los 5.000 millones de euros que esperan recibir las autonomías en concepto de anticipos a cuenta y cambios contables del IVA. Galicia es una de las comunidades más perjudicadas por la congelación de esos fondos. La Xunta reclama 700 millones, incluyendo en la cifra los 170 millones de prima por haber cumplido a rajatabla la ortodoxia financiera -los recortes- decretada por Cristóbal Montoro en plena crisis. En total, más del 7 % del presupuesto autonómico anual. De no solucionarse el problema, ya sabemos lo que nos espera: o nueva oleada de recortes, o más déficit financiado con deuda.
Conviene hacer algo de memoria para bucear en las causas de la parálisis. El Gobierno adelanta un dinero a las comunidades autónomas, anticipo de lo que prevé recaudar en el ejercicio siguiente. Después, en la medida en que se cumplan las previsiones presupuestarias, procede a la liquidación definitiva. En el 2016, Montoro se negó a adelantar el dinero porque aún no había Presupuesto: «Es la ley de Presupuestos la que habilita todo lo demás, sin ella no podemos anticipar nada», decía. El ministro soliviantó a las comunidades autónomas y su decisión se interpretó entonces como un chantaje a los barones del PSOE para que le apoyasen las cuentas públicas. Pero el Presupuesto salió adelante, con el apoyo de Ciudadanos y PNV, y volvió a reinar la paz.
Ahora se repite el bloqueo, pero agravado por la precariedad del Ejecutivo. No hay Presupuesto ni se le espera (lo que se espera son nuevas elecciones). Pero tampoco hay Gobierno con facultades plenas como el de la etapa de Montoro, sino un Gobierno en funciones, maniatado, como nos recuerda la Abogacía del Estado. No puede adelantar el dinero que esperan las comunidades autónomas porque eso significaría aprobar fraudulentamente una parte del futuro Presupuesto que no sabemos quién ni cuándo va a elaborar. Supondría lo mismo que decirles a las comunidades autónomas: les anticipo X dinero, porcentaje Y de los ingresos tributarios Z que el futuro Gobierno ya encontrará presupuestados e hipotecados.
El problema, al margen de que sirva para alimentar la trifulca política, resulta endemoniado. Y recurrente: volverá a presentarse, casi en términos idénticos, cuando los pensionistas reclamen el IPC como baremo o los funcionarios la subida de salarios. Un laberinto jurídico-político con solo dos salidas: la puerta principal, abierta por una mayoría parlamentaria que se ponga a gobernar, o el agujero de la chapuza, que consiste en ir tapando una a una las fochancas del desgobierno. Supongo que a esta vía se refiere la ministra del ramo, María Jesús Montero, cuando habla de «buscar fórmulas» para «sortear» el informe de la Abogacía del Estado. La política del ir tirando», versión estatal del vai facendo que decían aquellos nuestros alcaldes.