Preguntarnos si el sistema para prevenir o atajar la violencia de género funciona bien, si cumple con su propósito o su razón de ser, es obligatorio. Obligatorio porque, en lo que va de año, una veintena de mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, según datos oficiales, y casi ochenta han sufrido lesiones. Obligatorio porque existe una lacra a erradicar, lo que implica analizar los pros y los contras del sistema para reforzar lo que beneficia y corregir lo que falla.
Es obvio que, a día de hoy, las medidas tomadas son insuficientes. Si la realidad fuera distinta, ni siquiera haría falta escribir este artículo. Pero lo cierto es que siguen produciéndose hechos de violencia machista de manera continua y, mientras haya una sola mujer víctima de violencia de género, habrá que continuar analizando y tratando de perfeccionar los procedimientos actuales. Porque lejos de disminuir, parece que esta lacra social sigue acentuándose día tras día.
Las medidas deben empezar desde abajo, desde la base de nuestra sociedad, desde nuestros niños. Desde la educación, en definitiva, donde empieza a construirse la sociedad y en la que, aún en la actualidad, se detectan por desgracia numerosos comportamientos machistas. De ello depende que nuestros hijos e hijas crezcan en valores y que podamos conseguir, en el futuro, que la cifra de víctimas por violencia machista sea cero.
En paralelo a esa educación deben existir medidas judiciales y sociales que intenten evitar o censurar los comportamientos machistas. Cuando la educación falla, hay que disuadir al posible agresor y, por encima de todo, habrá que dotar de más medios -y mejores- a las víctimas, así como reforzar los conocimientos específicos no solo de los tribunales que deben instruir y condenar, en su caso, ese tipo de delitos, sino también los de todos los agentes implicados: profesionales médicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, asistentes sociales…
La protección debe ser integral, como ya deja claro la propia Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Debe asistirse a la víctima desde el inicio de los hechos hasta más allá del fin, debiendo extenderse la protección mientras sea necesaria, con las fuerzas de seguridad, psicólogos y/o ayudas económicas o de cualquier otra índole, con una correlativa inversión en los medios necesarios para llevarlo a cabo.