Cosas terribles están pasando en España


Mientras la política española se hunde en un barrizal de indignidad nunca antes conocido, cosas terribles pasan en nuestro país casi inadvertidas. Una de ellas tuvo lugar esta semana en el Parlamento vasco, para vergüenza de sus protagonistas.

El jueves aprobaron allí el PNV y el Partido Socialista de Euskadi la reforma de la ley de 2016 de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999», conocida, no sin motivo, como de ley de abusos policiales. No sin motivo, porque la norma, cuyo título constituye ya una entrega escandalosa al relato político de ETA, extiende una sombra de duda sobre toda la acción policial que tuvo lugar en el País Vasco para combatir el terrorismo.

Durante el debate, el diputado de Bildu Julen Arzuaga se dirigió a las asociaciones policiales y de víctimas que seguían la sesión y las calificó de «lobby infecto y asqueroso». «Ustedes -dijo Arzuaga- son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg, son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de los derechos humanos».

Esa vileza la vomitó un diputado del partido heredero de los defensores del asesinato de 206 guardias civiles, 149 policías nacionales, 13 ertzainas y 14 policías municipales. Por previsible, tal infamia ofende menos la decencia, en todo caso, que la vergonzosa actuación en este tema del PSOE. El jueves votó una ley ignominiosa que desjudicializa las presuntas vulneraciones de los derechos humanos cometidas por la policía y las pone en manos de ¡comisiones políticas!, lo que resulta sencillamente inconcebible en un Estado derecho.

Ya antes, el Gobierno de Sánchez había retirado, en contrapartida del apoyo del PNV a la censura contra el Ejecutivo de Rajoy, el recurso de inconstitucionalidad presentado por aquel frente la ley de abusos policiales que ahora se reforma. Y es que una norma similar aprobada en Navarra en el 2015 fue declarada parcialmente inconstitucional, hace unos meses, porque las aludidas comisiones políticas se apropiaban según el TCE de potestades que sólo pueden corresponder a los jueces y al fiscal.

El PSOE argumenta que exigió a cambio de la retirada del recurso la reforma de la ley vasca de abusos policiales, para evitar así su inconstitucionalidad. Pero al margen de que se haya alcanzado o no tal objetivo, lo que decidirá el TCE tras el nuevo recurso ya anunciado del PP, lo que no han explicado los socialistas es por qué votan una ley tan vergonzosa. Aunque la verdad es que tal explicación resulta innecesaria: al igual que los ignominiosos precios que el PSOE tuvo que pagar en el pasado para llegar a la Moncloa, este es uno más de los que deberá abonar para seguir allí tras las generales con el sostén de Bildu, el PNV y el golpismo catalán.

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