Cuando Ángel Hernández Pardo decidió ayudar a morir a su esposa María José, no podía suponer la tormenta que iba a desencadenar: nada menos que un gran debate nacional sobre la necesidad de despenalizar la eutanasia. Los vídeos que con infinita paciencia e intención exculpatoria fue grabando durante meses conmovieron a la opinión pública, agitaron a los partidos en campaña electoral y le hicieron decir a los policías que lo tuvieron que meter en el calabozo en cumplimiento de la ley vigente: «Nosotros habríamos hecho lo mismo». Creo que la frase resume con exactitud lo pensado por millones de ciudadanos. Ángel Hernández Pardo, como Ramón Sampedro hace 21 años, tocó la fibra sensible de la sociedad.
Quiero decir que ese debate no comenzó bien. El presidente del Gobierno, en su primera entrevista de intención electoral, dijo a Pedro Piqueras en Telecinco que, si conseguía gobernar, cambiaría la ley, lo cual se agradece, pero lanzó un mensaje de crítica a los partidos conservadores que demostró que en esta España no se puede decir nada en medio de un proceso electoral sin atacar al adversario. Y encima cayó en el mismo pecado que atribuye a los demás cuando hablan del juicio del procés: antes de haber sentencia, incluso antes de iniciarse el procesamiento, anunció la concesión de un indulto. Los demás, salvo el PP, renunciaron a sus convicciones de no legislar en caliente y se pusieron en fila para ser más partidarios que nadie de la eutanasia, incluso sin acudir al eufemismo de la muerte digna.
El debate, pues, ha caído sobre la campaña electoral y cambió su signo. Quienes no lo habían incluido en su programa lo están cambiando aceleradamente y ante ello hay que decirles: señores, la eutanasia quizá sea hoy más aceptada que hace 48 horas. Si hasta el momento no figuraba entre las grandes preocupaciones nacionales, ahora ocupa un lugar destacado. Pero estamos ante una cuestión muy seria que no se puede resolver ni en el mitin ni con concesiones al oportunismo. Abrir la compuerta de la eutanasia no es solo cortar el sufrimiento de una persona. Es buscar garantías jurídicas. Es garantizar que no se abre una vía al homicidio. Es conseguir que la ayuda a morir no sea solo decisión de la pareja. Es hacerla compatible con el derecho a la vida para no provocar conflictos con los principios religiosos o morales. Es convencer a la sociedad -y a la Iglesia católica- de que la eutanasia no es imponer nada, sino encauzar un derecho que será discutido por otros. Y eso requiere muchas aportaciones de científicos y moralistas, y no solo de políticos. Por eso dudo que, como demostró Pedro Sánchez, se pueda debatir en el calor y en las perversiones de una campaña electoral.