La frase más repetida a lo largo de la comparecencia testifical de Mariano Rajoy en el juicio abierto contra el referendo de independencia de Cataluña, convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, que finalmente se celebró de manera ilegal el 1 de octubre de 2017, fue: «Estamos perdiendo el tiempo», que en todos los casos fue pronunciada -él sabrá por qué- por el presidente del tribunal. El segundo estribillo más reiterado, también por el señor Marchena, fue: «¿Cree usted que la opinión del testigo tiene alguna relevancia para la determinación de los hechos que constituyan la carga probatoria del caso que estamos juzgando?». Y la tercera jaculatoria, también del presidente fue: «No examine al testigo sobre sus conocimientos jurídicos, porque si lo hace tendré que interrumpirlo de nuevo». Y de ello concluyo que, además de perder el tiempo, también estamos malgastando el dinero de los contribuyentes.
La causa de este desatino viene de la insólita y extraordinaria liberalidad con la que han actuado los jueces del Tribunal Supremo durante la declaración de los encausados, a los que se les permitieron mítines, opiniones, diatribas y consignas que en cualquier otro juicio no se habrían tolerado. Un error que ahora hay que enmendar, y cuya dificultad ya intuí en la primera comparecencia, la de Oriol Junqueras, cuando el presidente -cito de memoria- empezó diciendo: «No voy a preguntarle su nombre, ni a qué se dedica, porque es de todos conocido». Ayer, en cambio, no conoció a Rajoy, por lo que tuvo que preguntarle quién era y a qué dedica «su tiempo libre». Un gazapo sin importancia, que delata a quien empieza este juicio con el complejo de estar juzgando un embolado con pocas salidas, y todas malas.
De la tarde de ayer me quedó la desagradable sensación de que, mientras los abogados defensores seguían jugando a audaces abogados de película, que ya saben que Gary Cooper o Liz Taylor nunca salen condenados, Mariano Rajoy estaba siendo cazado por dos vías -la de haber aplicado el artículo 155 contra la democracia, la desobediencia cívica y la libertad del pueblo; y la de no haber denunciado, de la misma manera, y con la exigible equidad, la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, vulgarmente 9-N, que convocó Artur Mas en el 2014.
Lo que yo veo es que los acusados y defensores del procés han tenido demasiadas facilidades para politizar el juicio y relativizar la ley. Y, aunque tengo la esperanza -más que la seguridad- de que esta deriva pueda corregirse, no consigo evitar la sensación de que los procesados llevan la iniciativa, que el Estado actúa acomplejado ante un movimiento que se les fue de las manos, y que la desmesura de la acusación y las previsibles peticiones de penas le pueden jugar una mala pasada a todos los que, con Rajoy a la cabeza, han intentado defender el orden, la legalidad y el sentido del Estado, de quienes quisieron derribarlo por la algarada, la deslealtad y el desorden.