España es una de las democracias estables altamente desarrolladas consideradas país de referencia por los grandes equipos de investigación sobre estabilidad y calidad de la democracia. Freedom House, que ofrece las mediciones de respeto de los derechos políticos y las libertades civiles de uso más frecuente, ubica al español en el puesto 20 de los 86 Estados libres, con una puntuación superior a la de países como Francia, el Reino Unido o Estados Unidos. La unidad de inteligencia de The Economist, que mide más atributos, incluyendo factores de cultura política, y tiene en cuenta datos de opinión pública además de opiniones de expertos, otorga a España un 8,08 sobre 10. Esta puntuación la mantiene en la primera división de las democracias plenas, mientras que países de su entorno como Portugal, Francia, Bélgica o Italia permanecen en la segunda división de las democracias con defectos.
A partir de lo anterior no cabe, sin embargo, adoptar una actitud complaciente. Existen algunas señales preocupantes, tales como la débil aceptación de la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez o de partidos como Podemos y más recientemente la fuerza emergente conservadora y centralista Vox. Estos síntomas de mejorable salud están asociados a las decisiones estratégicas de algunos partidos de ámbito catalán y estatal que han llevado a España al dato de máxima polarización desde la transición, polarización que siempre trae bajo el brazo problemas para la conformación y la estabilidad de los gobiernos. De lo anterior, es natural colegir que las fisuras en la democracia española nacen en Cataluña y, a continuación, se expanden. El relato construido en sentido contrario (el proceso político en Cataluña es consecuencia de la baja calidad de la democracia estatal) no aguanta ni la mejor ficción.
España celebra elecciones en abril, no solo pero también, por la misma causa que explicó el éxito de la moción de censura que ocho meses y medio atrás concedió la presidencia a Sánchez; lo peor, sin que nadie pueda ver la luz a la salida del túnel del procés. El líder socialista acierta al renunciar a convertir el 26 de mayo en un superdomingo electoral, no solo porque no interese a sus candidatos territoriales (los españoles son electores sofisticados), sino porque su éxito, evitar el gobierno de los partidos que votaron en contra de la moción de censura, acompañados por el flamante nuevo compañero de viaje de los populares (Vox), sumen para construir una alternativa, lo que pasa para el socialismo español, sin variante, por apartar el tema catalán y colocar las políticas de bienestar en el centro de la campaña de las elecciones generales.