Habrá que estar atentos a los resultados que arroje la reducción de la velocidad en las carreteras que entró en ayer vigor. Porque en Galicia, donde su exceso es un factor recurrente en el 30 % de los accidentes, puede que no tenga la efectividad deseada si no se solventan otros problemas, tanto o más graves. Cierto es que con esta decisión nos ponemos a la altura de países que dieron el paso tiempo atrás, pero no lo es menos que las circunstancias son bien diferentes.
Es difícil imaginar que el estado de deterioro y abandono que presentan gran parte de las carreteras gallegas se dé en Francia o Alemania. En la mayoría de los estudios, las nuestras aparecen como de las peores conservadas y con un alto índice de puntos peligrosos. El firme y el pavimento en muchos casos se parece más a un gruyer que a una carretera del siglo XXI. Ahora nos anuncian una inversión de 56,7 millones para conservarlas, cuando el año pasado supimos que arrastraban un déficit de inversión de mantenimiento de 600 millones.
Innecesario resulta referirse a la señalización, sea horizontal o vertical. Hay vías a las que no se les han renovado los márgenes desde hace años y las hay que acumulan hasta sesenta señales por kilómetro. A ello, evidentemente, tendremos que unir otros factores, como la huella que la crisis ha dejado en la falta de conservación de los coches; el uso casi masivo del teléfono y nuestras condiciones climatológicas, que no padecen otras comunidades.
Por eso, la medida de reducir diez kilómetros la velocidad no deja de ser un pequeño parche para que unos cuantos puedan hacerse la foto delante de las nuevas señales. Porque no se puede generalizar como si todos condujésemos en las mismas condiciones. Que empiecen por tomar medidas para que Galicia deje de ser la cuarta comunidad con la red viaria en peor estado. Y ya verán como baja la siniestrabilidad.