La inversión del Estado en Galicia


El proyecto de Presupuestos para el 2019 prevé reducir a 757 millones de euros la inversión estatal en Galicia. Recorte inaceptable a todas luces. Ningún gallego, al margen de sus ideas políticas, independientemente del juicio que le merezcan otros aspectos del proyecto, puede asumir sin rechistar el (nuevo) recorte. Comparto la profunda preocupación expresada por el presidente de la Xunta al respecto y también su apostilla: lo que puede significar de cara a los siguientes ejercicios. ¿Nos adentramos en un nuevo ciclo de anemia inversora del Estado? La caída registrada en los dos últimos presupuestos de Rajoy y en el proyecto de Sánchez parecen abonar la sospecha: vuelve la sequía. 

Dice Núñez Feijoo que la inversión prevista es «la más baja desde el año 2002». El dato, incontrovertible, puede presentarse de otro modo: Sánchez emula a Aznar. Porque fue el Gobierno de Aznar el más cicatero con Galicia: la inversión anual media no alcanzó los 650 millones de euros en el período 1996-2004. Por contraste, a Zapatero habría que levantarle una estatua en el Obradoiro: triplicó las cifras y la inversión superó los 2.000 millones de euros en los años 2008, 2009 y 2010. Al llegar Rajoy, la inversión se redujo un 20 % en promedio. Hagámosle, sin embargo, justicia: pese al hachazo propinado a la inversión pública durante la crisis, Galicia se mantuvo por encima de los 1.300 millones anuales hasta el 2016.

El desplome, paradójicamente, se produjo cuando el país comenzaba a superar la crisis y la economía crecía a buen ritmo. El Presupuesto del 2017 rebajó en 439 millones la inversión en Galicia, un tercio menos que el año anterior, y la situó por debajo de los mil millones. Al año siguiente, la inversión total del Estado aumentó un 17 %, pero en Galicia permaneció congelada. Y ahora vuelven a pintar bastos.

¿Qué nos enseña esa breve incursión por el pasado? Fundamentalmente, que los gobiernos invierten aquí o allá por inercia o por razón de supervivencia. O bien porque han puesto a rodar un proyecto -autovías, puertos exteriores, corredor cantábrico o AVE- que los obliga, a ellos y a sus sucesores, a financiarlo en años sucesivos. O bien porque necesitan comprar apoyos para mantenerse: directamente -el cheque vasco y los 329 millones canarios de Rajoy o el anzuelo catalán de Sánchez- o indirectamente, destinando la mejor porción de la tarta a los territorios con más votantes. Postura razonable, mientras no ponga en almoneda un principio esencial: la cohesión y el reequilibrio territorial. Tal vez, en aras de la transparencia, debería crearse una partida presupuestaria denominada «fondo de supervivencia del Gobierno». Así sabríamos cuánto nos cuesta, en moneda de solidaridad interterritorial, cada gobierno.

En el caso de Galicia debemos introducir todavía un tercer elemento explicativo: el factor humano. La inversión alcanzó sus mayores cuotas con dos gallegos, José Blanco y Ana Pastor, al timón del Ministerio de Fomento. Se marchó Pastor, llegó un cántabro y la inversión cayó en picado. ¿Simple casualidad?

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