Todos los grupos de la Cámara gallega, tras sellar una tregua al efecto, se han puesto de acuerdo sobre el sexo de los ángeles: a autopista é nosa. Y con tal convicción, superando la tara minufundista que nos atribuyen en otras latitudes, marcharon unidos a la conquista de Madrid y regresan de la cruzada nimbados por la euforia: la AP-9 será traspasada en un par de meses.
Y a mí, que siempre me tuve por persona de orden y galleguista de pro -casi al borde de la autodeterminación, que decía aquel delfín de Fraga-, me han dejado con cara de póker y voz extraparlamentaria. Porque no comparto el éxtasis unánime. Porque donde nuestros legítimos representantes ven un triunfo resplandeciente, más brillante que las luces de Abel Caballero, solo veo un enorme saco de humo. Un bluf o una engañifa. Y me mantendré en mis trece hasta que alguien me demuestre, calculadora en mano, qué beneficios comporta ese traspaso para Galicia, para el transporte gallego, para la competitividad de la economía gallega y para los usuarios de la autopista. ¿En qué mejora el bolsillo del camionero que, después de las últimas subidas, pagará 47 euros de peaje entre Ferrol y Tui? ¿Qué gana el usuario del turismo que deja en cabina 21,5 euros, siete de ellos como beneficios de la concesionaria limpios de polvo e impuestos, por recorrer la espina dorsal de Galicia? Nada hay que festejar, porque no se celebran los cambios de estatus jurídico ni las victorias pírricas. Y sí hay que lamentar que Galicia, una vez más, sea la última de Filipinas, porque la arteria que la vertebra no volverá a manos del Estado, por obra y gracia de Aznar y su Gobierno, hasta el lejano año de 2048.
Para entonces, la AP-9 será una reliquia histórica. Sus compañeras de generación, las nacidas en los años sesenta y setenta del siglo pasado, están agotando sus respectivos períodos de concesión. Y regresando al redil público. La autopista AP-1, Burgos-Armiñón, lo hizo el pasado 30 de noviembre, día en que fue levantado el peaje después de 44 años. El año próximo vencen las concesiones de la AP-4 y la AP-6 (Sevilla-Cádiz y Villalba-Adanero). Todas las autopistas de segunda generación, las nueve adjudicadas a principios de este siglo, ya han vuelto a la uci pública, arrastrando un pufo superior a 5.000 millones de euros, y el Gobierno anuncia que rebajará sus peajes un 30 % desde enero. A finales de agosto de 2021, solo quedarán fuera de la gestión pública dos autopistas con más de cien kilómetros: la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) y la AP-9. Y después de 2026, durante otras dos décadas largas, la autopista del Atlántico circulará en solitario por el mapa español con un consorcio privado al volante. Pero ese día, me temo, no lo veremos quienes en 1973 defendíamos la vía como eje vertebrador del territorio y dinamo de desarrollo, ni quienes la calificaban de navallada en el rostro de Galicia.
Así será, salvo milagro. Salvo que toda Galicia unida se plante en Madrid, ahora que sus representantes ya conocen el camino, y exija el rescate de su autopista. A esa cruzada sí me apunto.