Jueces del PP y jueces del PSOE


Apenas días después de que Pedro Sánchez, indignado por ser tildado de golpista en sede parlamentaria, anunciase la ruptura de relaciones con Pablo Casado. Apenas días después de que el Tribunal Supremo admitiese implícitamente su dependencia de la banca y abjurase de su sentencia de las hipotecas. Apenas días después, PP y PSOE intercambiaron, en provechosa sintonía y sin pizca de pudor, los cromos del Consejo General del Poder Judicial: nueve para mí, diez para ti y me quedo, en compensación, con el crac Manuel Marchena, que ocupará la presidencia del Supremo.

Sin recato alguno, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, acaba de alardear, en un wasap dirigido a los suyos -quejosos, tal vez, de la jugosa cuota obtenida por los socialistas-, de las ventajas obtenidas en el cambalache. Enumerémoslas. Una, controlaremos -el PP- la Sala de lo Penal del Supremo: la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Y controlaremos también, «desde detrás», el tribunal del procès. Dos, presidiremos -el PP- la sala 61, la que tiene atribuciones para ilegalizar partidos políticos. Tres, con nuestro Cristiano Marchena, y con «su capacidad de liderazgo y autorictas», los juicios se resolverán por goleadas, más próximas al 21-0 que al 11-10. Cuatro, nos quedamos -el PP- con la mitad del CGPJ para los próximos cinco años, «más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas». Cinco, incluso algún cromo que se llevan los socialistas -el de José Ricardo de Prada, juez de la Gürtel- nos beneficia: «Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP». En resumen, concluye Cosidó, hemos realizado «una jugada estupenda».

El wasap no me sorprende en absoluto y me escandaliza lo justo. La novedad estriba, si acaso, en el descaro que rezuma: los partidos han perdido hasta la compostura. Ya no se recatan en disfrazar el reparto del poder judicial ni se privan de colocar siglas a cada juez supuestamente independiente. Aquello de la independencia judicial y la separación de poderes atraviesa horas bajas. Mala noticia, porque si bien Montesquieu ha muerto, como afirmó Alfonso Guerra en 1985, la democracia necesita mantener la ficción de que sigue vivo. Y eso nos exige, en el caso del poder judicial, un riguroso acto de fe: creer que el juez, una vez designado para ocupar la cúpula de la magistratura, se coloca en los ojos la venda de la justicia -igual para todos-, rompe amarras con quien lo ha nombrado y se convierte en el ser independiente e inamovible de que habla la Constitución.

Desde hace décadas, PP y PSOE se han repartido el gobierno de los jueces. Esta vez también, pero con peores formas. Incluso se han permitido nombrar al presidente del CGPJ y del Supremo, facultad que formalmente corresponde a los vocales. Y colocar las piezas a conveniencia de sus intereses partidistas más inmediatos, como deja claro el wasap de Cosidó. Lo que sin duda no estimula nuestra alicaída fe en el sistema.

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