Y a partir de ahora ¿qué?


En diciembre del 2015, el Tribunal Supremo declaró que los gastos asociados a la constitución de una hipoteca no tenían que ser abonados por el comprador, al tratarse de cláusulas abusivas. En este caso, sin embargo, no se incluía el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), de acuerdo con la jurisprudencia y varias sentencias del propio Supremo, anteriores al 16 de octubre del 2018. A mediados de octubre, sin embargo, el Tribunal sentenció que deben ser las entidades bancarias, y no la persona física o jurídica (una sociedad) que contrata la hipoteca, las que deben hacerse cargo del AJD. Y después de semanas de confusión, la resolución del 6 de noviembre puso fin a la controversia, al declarar que debe ser el prestatario (la persona que contrata la hipoteca) quien debe pagar.

Conviene recordar que este tributo está regulado por un real decreto ley de 1993, y grava los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Esto es, cuando una persona física o jurídica suscribe un documento notarial con cuantía económica y lo inscribe en el registro; de acuerdo con el AJD, esta se convierte en sujeto pasivo del impuesto y, por ende, debe pagar la cuota que corresponda. En consecuencia, en el caso práctico de una hipoteca, la obligación de pagar el impuesto nace en el momento en que el crédito se firma en el notario y va al Registro de la Propiedad. En este caso, según la resolución del martes, el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario quien asume el pago de la hipoteca.

Ahora bien, tras la rueda de prensa de ayer del Gobierno, queda claro que se modificará el artículo 29 del impuesto, el decreto se publicará en el BOE de hoy y entrará en vigor mañana. Las consecuencias son, básicamente, dos: el sujeto pasivo del impuesto dejará de ser el prestatario y será el prestamista, es decir, la entidad financiera que conceda el crédito, que debe asumir el pago. Y, a la vez, no podrá deducirlo del impuesto de sociedades.

Por otra parte, aunque se modifique la normativa del impuesto, no hay carácter retroactivo, y, en consecuencia, no será posible recuperar el pago realizado por los prestatarios con anterioridad a la modificación de la ley. Conviene recordarlo.

Ahora bien, ¿y si se llegara a suprimir el impuesto? Pues supondría una reducción de ingresos para la Administración pública y, al tratarse de una figura cedida a las comunidades, estas serían las realmente perjudicadas, al mermarse su capacidad económica.

Autor Jose Miguel Golpe Saavedra Consultor empresarial y fiscal

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
2 votos
Comentarios

Y a partir de ahora ¿qué?