Desde que nos sobrevino la crisis del 2008 el sector bancario no para de recibir sinsabores. Activos inmobiliarios tóxicos, quiebras, ayudas públicas, ampliaciones de capital, endurecimiento de los requisitos de capital, supervisión constante, entorno de tipos de interés bajos y una economía sin demanda de crédito solvente. Sin olvidar la judicialización de su actividad durante las últimas décadas. Que está deparando costosos reveses judiciales como el de las cláusulas suelo, con un coste de más de 5.000 millones para el sector.
La referida judicialización de la actividad bancaria, entre otros asuntos, ha tenido como objeto los impuestos y costes de constitución de hipotecas. Habiendo una gran variedad de veredictos en los muchos juicios celebrados, sin un criterio claro y evidente. Lo que ha llevado al Tribunal Supremo a emitir una sentencia que establezca un criterio. La consideración de que el impuesto de actos jurídicos documentados debe ser abonado por la entidad que concede la hipoteca. Sentencia que está congelada en todos sus efectos en tanto el pleno decida. Un modo de actuar insólito, como el mismo tribunal reconoce, que ha generado incertidumbres de todo tipo.
La sentencia, en sí misma, tan solo cambia la distribución de los costes de constitución de una hipoteca, ni los incrementa ni hace imposible la constitución de nuevas hipotecas. No debemos dudar que los bancos ya tienen una estrategia para que este nuevo coste se repercuta al cliente final, y no perjudique al ritmo de concesión de hipotecas. Pero existe la posibilidad de que la sentencia sea retroactiva, como pasó con las cláusulas suelo. Y esto sí puede suponer un problema muy grave para el sector bancario.
No parece razonable esperar retroactividad, ya que a diferencia de las cláusulas suelo que sí contribuyeron a los beneficios de los bancos, los impuestos, los pague quién los pague, acaban en el Estado y no aportan nada al beneficio de las entidades financieras. Pero la exposición potencial del sector a una posible retroactividad, dependiendo de su amplitud, es de entre 3.000 y 27.000 millones de euros. Equivalente, en el límite máximo, al 15% del valor en Bolsa de los bancos españoles. Si consideramos que los dos mayores bancos de nuestro país tienen una exposición mucho más baja que el resto, hablamos de un coste potencial máximo superior al 30% de su capitalización. El impacto sería mortal para muchas entidades. Pero independientemente de la potencial retroactividad, la sentencia ha tenido ya un coste muy alto para nuestro país. Las formas y plazos están socavando el prestigio del alto tribunal y dan rienda suelta a las teorías de presiones políticas o empresariales, según a quien se pregunte. Y, lo más grave, vuelve a dar una imagen internacional de un país sin un marco jurídico estable.