No veo ningún problema en que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General discrepen en la calificación de los delitos del procés y pidan penas diferentes. La esencia de la justicia penal es la contradicción procesal sobre los hechos, las calificaciones y las penas, que solo termina cuando la sentencia es definitiva. Y, puesto que tampoco me parece mejor justicia la más severa, ni creo que nadie debe permanecer en la cárcel más tiempo del estrictamente justo y necesario, tampoco discrepo de la posibilidad de que a Junqueras, en vez de endilgarle 25 años, solo lo encierren el tiempo necesario para escribir sus memorias. Lo único que exijo es que esta obtusa algarada no quede impune, para dejar bien claro -y avisado- que el Estado, si alguien lo quiere destruir, tiene la obligación de defenderse.
Más me preocuparía si, como dicen los enterados, la Abogacía del Estado no rebajó la gravedad de sus calificaciones y peticiones de penas por convicción, sino porque un Gobierno secuestrado por el independentismo, y sin más objetivo que sobrevivir, le obligó a cambiar de criterio. E incluso hablaría de un hecho gravísimo si la decisión del Gobierno, en vez de ser adoptada por el Ministerio de Justicia o por el Consejo de Ministros, hubiese salido de un aquelarre informal, reunido en la Moncloa al servicio de la mayoría Frankenstein -con participación de militantes del PSOE que, como la portavoz del Congreso, no forman parte de Ejecutivo-, que, en ausencia de la ministra de Justicia, pusiese a la Abogacía del Estado al servicio de la estrategia socialista. Claro que yo no sé si tal cosa sucedió. Y por eso, si fuese Rivera o Casado, se lo preguntaría solemnemente al presidente, para que, si confirma este tercer supuesto, o miente para negarlo, se pueda entender que ha cometido un delito y que hay que actuar en consecuencia.
Tampoco me importaría nada, volviendo al fondo de la cuestión, que la Fiscalía General del Estado, o la Abogacía del Estado, o las dos, cambiasen de criterio durante el juicio oral o en el momento de su calificación definitiva. Porque, salvo que haya impunidad -como pide Torra- me atengo a lo que digan los que saben -o deberían saber- de esto, sin confundir la justicia con la severidad, y sin entender que la lealtad al Estado exija bloquear la aplicación de la ley con libertad de criterio, para convertirla así en un acto de venganza.
Estamos en un momento especial para recuperar la idea de que la Justicia, como virtud, es un hecho religioso y una utopía civil, y que la administración de Justicia, que por eso se representa con los ojos vendados, no tiene expresión más sublime que la Egalité de los revolucionarios franceses, o la igualdad ante la ley, que decimos por aquí. Por eso conviene recordar que, en comparación con otros políticos, liquidados -¿o linchados?- mediante la crasa instrumentación de la Justicia, los dirigentes del procés han sido unos privilegiados, cuya inicial impunidad agravó su causa, y puso de manifiesto la dramática debilidad de la Justicia española.