El caos está servido


Bernard Kilgore, antiguo editor del Wall Street Journal, aleccionaba a sus periodistas: «No escriban historias de bancos para banqueros. Escriban para sus clientes, que son muchísimos más». El Tribunal Supremo escribe reiteradamente para los banqueros. Y no meras gacetillas de prensa, sino sentencias -hasta la pasada semana, firmes- que suelen inclinar la balanza de la justicia hacia los bancos. Así sucedió, por ejemplo, cuando el alto tribunal negó la retroactividad de las cláusulas suelo. Los bancos habían cobrado intereses indebidos, pero a lo hecho, pecho: el cliente no tenía derecho a recuperar lo que había pagado de más. Tuvo que venir entonces el Tribunal de Justicia de la UE a propinar un tirón de orejas al Supremo y a defender los derechos de los clientes. Menos mal, pensó alguno, que aún nos queda Europa.

El pasado miércoles asistimos a un espejismo. El Supremo cambiaba de música, escribía una partitura a favor de los clientes y fallaba que, en el momento de formalizar una hipoteca, el impuesto autonómico de Actos Jurídicos Documentados y gastos de notariado y registro debían correr a cargo del prestamista y no del prestatario. La ilusión apenas duró veinticuatro horas. Tiempo suficiente para ver cómo miles de contribuyentes acuciaban a sus asesores, preguntándoles a quién debían reclamar la devolución, y observar cómo se desplomaban las acciones bursátiles de las entidades bancarias.

Al día siguiente se esfumó el espejismo. Y el magistrado Luis María Díez-Picazo, presidente de la sala de lo contencioso, inauguró el esperpento. En una decisión insólita, sin precedente alguno, anunció la suspensión de la sentencia y el traslado del entuerto al pleno de la sala. Alegó dos motivos: el «giro radical» que introducía en la jurisprudencia y «su enorme repercusión económica y social».

El caos estaba servido. Los ciudadanos, más desconcertados que las prostitutas de Dolors Montserrat. La alarma social, propiciada por los encargados de desactivarla. El último baluarte de la legalidad y tribunal de la palabra definitiva, convertido en fuente de inseguridad jurídica. Ignorantia juris non excusat: la ignoracia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿pero cómo vamos a cumplirla si el propio Supremo no se aclara? ¿Qué banco se atreve, en medio de las arenas movedizas, a conceder mañana un préstamo hipotecario? ¿Qué puede hacer el cliente, reclamar ya la devolución del impuesto o esperar el dictado de los dioses y arriesgarse a que prescriba su derecho?

Más grave aún me parece la doctrina sentada por Díez-Picazo: una sentencia, hasta ahora firme y no susceptible de revisión, puede ser suspendida «por su enorme repercusión económica y social». A ver si lo entiendo: la futura sentencia contra los independentistas catalanes, ¿puede ser congelada veinticuatro horas después de dictada? Porque sea cual sea el fallo -absolutorio, benigno o drástico-, una cosa sí tengo absolutamente clara: esa sentencia tendrá una repercusión económica y social no inferior a la de las hipotecas.

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