En poco más de 24 horas hemos vivido una situación cuanto menos insólita en la Justicia española: el jueves el Tribunal Supremo dictaminó que es la entidad bancaria quien ha de abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de la hipoteca y no el cliente.
La bolsa reaccionó con caídas y, suponemos, que los directores generales, presidentes y demás altos cargos de bancos se echaron las manos a la cabeza ya que podemos estar hablando de que han de devolver miles de millones de euros, como ya sucedió con las cláusulas suelo. Otra vez.
A través de una sentencia judicial de nuevo la banca española se pone en entredicho y ha de hacer frente a una devolución multimillonaria, toda una sorpresa para ellos ya que pensaban que esta guerra la tenían ganada. Y el jueves pareció que la perdieron, pero ayer, en un capítulo totalmente inesperado, el Tribunal Supremo anuncia que se replanteará la decisión tomada tan solo 24 horas antes. En la nota emitida por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo justifica este hecho en la «enorme repercusión económica y social» que ha tenido la sentencia.
Perdón, no lo entiendo. ¿Atendemos ahora el derecho y la justicia a las repercusiones económicas que tienen las sentencias? Porque podríamos hacer el análisis inverso en base a las repercusiones económicas que tendrá dar la razón a los bancos para los millones de familias españolas que contrataron hipotecas y que a lo mejor abonaron una cantidad que no les correspondía. Esto no se trata de bancos contra clientes, se trata de dos partes, como en todo juicio y en toda sentencia.
Por el momento, tendremos que esperar a ver qué dictamina el Supremo finalmente, ya que esta nueva jurisprudencia ha quedado suspendida, en las próximas semanas será el pleno de la Sala quien decida si acepta el banco el que pague el impuesto o si tendrá que hacerlo como hasta el momento el cliente.
A lo mejor, como sucedió con las cláusulas suelo, la decisión finalmente la tiene que tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que esta guerra judicial puede que tenga más de un capítulo pendiente.