Al borde de la tragedia


Las primeras noticias llegadas de madrugada nos causaron sobresalto y conmoción. El recuerdo de la tragedia de Angrois, en el verano de hace cinco años, nos recorrió la médula. Las informaciones posteriores fueron de alivio: aunque había más de 300 heridos, cinco de gravedad, no se temía por la vida de ninguno. Serenado el ánimo, se impone la sensación de bochorno, así definida por el presidente de la Xunta. ¿Cómo se explica que, de repente, en una plácida noche musical de verano, un muelle de hormigón se abra bajo nuestros pies y nos engulla? ¿Quién es el responsable de la cuasi tragedia?

Porque una cosa está clara: el suceso de Vigo no fue fruto de la fatalidad o de un acceso de ira de la naturaleza. No lo provocó un tornado o un maremoto impredecibles. Falló una infraestructura, una obra pública, y, en consecuencia, hay responsables y responsabilidades que asumir. Alguna, probablemente ya prescrita, recae sobre la institución o los ingenieros que construyeron los pilares y la plataforma hace veinticinco años. Pero otras, que deberá dilucidar la investigación en curso, plenamente exigibles.

Lo más inquietante del caso estriba en que las luces de alarma estaban encendidas. La portavoz municipal del PP había alertado de la «situación peligrosa» del lugar y el alcalde de Vigo había advertido, dos días antes, del deterioro del muelle. ¿Por qué, entonces, no se hizo nada? Al parecer, por un conflicto de competencias y falta de acuerdo entre el Concello y la Autoridad Portuaria, incapaces de decidir quién debería asumir el coste de la reparación. El uno por el otro y la casa sin barrer. Y miles de jóvenes bailoteando sobre una trampa mortal.

Hace casi treinta años también se encendieron las alarmas en Vigo. Veintiún centros de EGB amenazaban ruina y constituían un «serio peligro» para sus 8.000 alumnos. Un informe presentado por el conselleiro de Educación, Aniceto Núñez, constataba la existencia de desprendimientos, grietas, estructuras precarias y pésimos forjados en aquellos colegios construidos en la década de los 60 y primeros 70, en la época del alcalde Portanet. La Xunta de Galicia, presidida entonces por Fernando González Laxe, ni se lo pensó: puso en marcha el denominado Plan de Emergencia de Vigo. Los escolares fueron desalojados una semana antes de terminar el curso 1988-89, se aprobó un crédito extraordinario de 1.598 millones de pesetas y, en el plazo récord de tres meses de verano, fueron totalmente demolidos y reconstruidos doce centros y reformados los otros nueve. El curso siguiente comenzó con normalidad y el parque de colegios de la ciudad había sido renovado en un 50 %.

Tal vez, sin actuar con tantas prisas, no hubiera sucedido tragedia alguna. O sí. Nunca lo sabremos. Pero sí tengo claro desde entonces que si una administración, como resultado de su función in vigilando, descubre serias deficiencias en infraestructuras o servicios, debe actuar con diligencia para prevenir el daño. Porque la negligencia pasa a veces crueles facturas.

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