Miguel Bosé, Rodrigo Rato, el futbolista Dani Alves, Mario Conde… Son algunos de los nombres que aparecen reflejados en la nueva lista de morosos de Hacienda, de la que se desprenden 4.318 deudores que deben al Estado más de 15.300 millones de euros, de los que un 44 % difícilmente se recuperarán porque los señalados se encuentran en procesos concursales.
En la lista destacan insolvencias de grandes inmobiliarias y constructoras, artistas y conocidos deportistas. No obstante, se echan de menos los nombres de los grandes defraudadores a los que la Agencia Tributaria ha descubierto importantes deudas y ha sancionado, pese a haber pagado o aplazado multas millonarias en el plazo reglamentario. De igual manera, se deberían publicar los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal y de los titulares de cuentas opacas de la llamada lista Falciani.
Más allá de ausencias, ¿sirve para algo la publicación de esta lista? Atendiendo a los datos, el importe de la deuda durante el último año apenas ha caído un 0,6 %, por mucho que el número de morosos se haya reducido un 5 %. Sin embargo, estar en esa lista supone un clamoroso desprestigio contra el que muchas personas estarían dispuestas a luchar con uñas y dientes. Pero, ¿y si lo hicieran con dinero?
En este sentido, habría que modificar el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria para permitir sacar a la luz los nombres de los administradores responsables, quienes -los que puedan- reducirían sus deudas por debajo del millón de euros, lo que les sacaría de la lista negra e incrementaría la recaudación, que a fin de cuentas es el objetivo. Porque el simple hecho de hacer pública esta lista no consigue por sí solo aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro.
Por otra parte, publicar la lista de morosos abre una pequeña puerta a la transparencia sobre el funcionamiento de la AEAT para saber dónde están las ineficiencias en el control tributario. En cambio, lo más efectivo para aumentar la recaudación no es tanto publicar nombres como poner en marcha un plan realista y eficaz contra el fraude fiscal. Así, una mayor coordinación entre las administraciones tributarias territoriales y la estatal, un aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos para investigar a las grandes empresas y un incremento de efectivos en la AEAT, junto a otras medidas, ayudarían a recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año.