Con la naturalidad que certifican las imágenes difundidas, Rajoy se ha ido a Santa Pola para el ejercicio de su plaza de registrador de la propiedad, después de su obligada dimisión por el éxito de una oportunista moción de censura y de la decisión personal de abandonar la presidencia del Partido Popular. En el primer caso, el automatismo del cambio no permite ninguna transmisión de poderes al estilo de lo que sucede en Estados Unidos; en el segundo, la ha excluido al inhibirse de interferir en el proceso electoral que emprenderán los militantes. Expresado en términos jurídicos con los que ha de contar en su reiniciada actividad profesional, no existe ningún testamento que concrete los extremos de la herencia que ha dejado en este momento, por títulos diferentes, a Sánchez y a no se sabe a quién del PP, con independencia de cómo los historiadores la consideren al juzgar sobre la totalidad de su actividad pública.
Por lo que se refiere al flamante Gobierno socialista no parece que sea tan mala como se la combatía desde la oposición, si nos atenemos a la aceptación manifiesta de lo heredado en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado y, con ellos, a la mejora de las pensiones, al mantenimiento de la criticada reforma laboral, y, por supuesto, a los compromisos con la Unión Europea. Habría que añadir, sin ánimo exhaustivo, un Gobierno en Cataluña liberado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No parece tampoco que disienta respecto del asunto sensible del traslado a cárceles en Cataluña de quienes están todavía en prisión preventiva hasta que se dicte el auto de procesamiento. Asuntos heredados no resueltos, como la financiación de las autonomías, han sido simplemente aparcados.
No sé si la herencia que ha dejado al PP es tan positiva, si se tiene en cuenta la disputa que se ha levantado por no existir un testamento formal como en la ocasión anterior, la ausencia de cualquiera manifestación al respecto por parte de Rajoy y su rápido distanciamiento físico.
La fórmula que se estrena de elección a dos vueltas, con participación de afiliados y compromisarios, va a emplearse en uno de los momentos más comprometidos para el PP, por no decir, el mayor. No se trata de un mero cambio estatutario de presidente. El rumbo que detectan los sondeos y la preparación para enfrentar las previstas contiendas electorales parecía que, sin violentar reglas democráticas, se procurase la solución de una persona con una mayoría equivalente al consenso. Es lo que venía a representar la candidatura de Feijoo. En el fondo, y nos quedaremos con sus explicaciones de por qué no dio el paso adelante, el escenario se presentaba como de una dura competición.
Si la corrupción y el problema catalán han sido determinantes para la caída del Gobierno no deja de ser sorprendente que se postulen la exsecretaria general del PP y la exvicepresidenta del Gobierno. La solución consensuada habría sido más fácil si no se ventilase ahora la candidatura a presidir el Gobierno.