Hace un par de semanas Colombia reglamentó el procedimiento para aplicar la eutanasia a niños y adolescentes. Se suma así a Bélgica y Holanda. Lo hizo atendiendo a la sentencia T-544, de 25 de agosto del 2017, de la Corte Constitucional.
Concuerdo con el voto particular formulado por una de las tres magistradas que integraban la sala que emitió dicha sentencia: se trata de un niño de 13 años que sufría una parálisis cerebral severa cuyos padres solicitaron la eutanasia debido, única y exclusivamente, a la demora, a todas luces injusta e intolerable, en el suministro de los servicios e insumos sanitarios necesarios para tratar adecuadamente las enfermedades que el niño padecía, tal y como recoge pormenorizadamente la propia sentencia. Es decir, la eutanasia se sustentó en una situación de desesperación absoluta por parte de unos padres que, ante la negligencia y pasividad de las autoridades sanitarias y el sufrimiento de su hijo, ven como única salida la muerte del niño. En este contexto, no puede afirmarse que la petición de eutanasia se haya realizado de manera libre, y mucho menos en observancia de la dignidad del niño.
Sin embargo, se aprovecha este dramático caso para aprobar la eutanasia de niños y adolescentes. El ministro colombiano de Salud y Protección Social está muy orgulloso, considera que así su país está a la vanguardia de América Latina en materia de dignidad humana y libertades civiles. Yo opino lo contrario.