En muy pocas décadas, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo por dos motivos: a) la tasa de natalidad es una de las más bajas del planeta, (con 1,3 hijos por mujer) y b) la esperanza de vida, que es de 83 años (la segunda más elevada después de Japón), seguirá aumentando.
Esta situación de envejecimiento generará desequilibrios presupuestarios en el futuro, como consecuencia del mayor gasto en sanidad, pensiones, residencias, ayudas a la dependencia, etc. La OCDE nos ha advertido que si no se toman medidas, las prestaciones por jubilación disminuirán en el medio plazo, lo que sin duda está generando mucha inquietud entre la ciudadanía. En concreto, quienes se jubilen en el 2050 tendrán unas pensiones un 20 % inferior a las de hoy debido a que la reforma puesta en práctica en el 2011 y el 2013, al abrigo de los Pactos de Toledo, no han resuelto el problema.
Además, y debido a la adversa demografía, el sistema de pensiones, tal y como se encuentra actualmente, en un plazo aproximado de cinco años tendrá graves problemas de financiación. Pero a largo plazo el problema será todavía mayor:
Por un lado, el envejecimiento vendrá acompañado, lógicamente, de un aumento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación con las que sí lo hacen. En concreto, en el 2055, se elevará desde el 50,4 % actual hasta al 100 % (es decir un trabajador por cada uno que no lo hace).
Por otro, se prevé que la hucha de las pensiones se vaya quedando sin fondos y, dado que la deuda pública ya asciende al 100 % del PIB, no será fácil financiar el sistema. Subir los impuestos y rebajar las pensiones equilibraría el sistema pero es muy impopular. Otra posibilidad pasaría por elevar las cotizaciones sociales por trabajador ?lo que, económicamente, equivale a aumentar el impuesto sobre el trabajo-, y, con ello, generar desempleo. Otras alternativas serían:
Retrasar la edad de jubilación, por ejemplo, hasta los 70 años, exceptuando algunos sectores (minería, transporte, agricultura, pesca, construcción, etc.)
Otra opción es, si se dan las condiciones para jubilarse, poder hacer compatible el cobro de la pensión con los ingresos del trabajo profesional.
Apostar más por la Cuarta Revolución Industrial para aumentar el nivel tecnológico y con él la productividad de los ocupados. A mayor productividad, mayor producción y también mayores salarios, pagos en concepto de cotizaciones sociales y recaudación para la Seguridad Social.
Sustituir el actual sistema por otro que garantice su sostenibilidad. Se trataría de un modelo mixto, en el que convivirían el de reparto y el de capitalización. La meta sería potenciar los beneficios de ambos y mitigar así sus fallos, diversificando las fuentes de financiación y permitiendo, al menos parcialmente, que cada ciudadano pudiera elegir libremente una parte de la pensión que tendrá en el futuro, en función de los riesgos que quiera correr. Este sistema se basaría en cuatro pilares:
El primero tendría como objetivo la lucha contra la pobreza, manteniendo una pensión mínima que recibirían los que no han contribuido al sistema de pensiones. Esos ciudadanos, alcanzada una cierta edad, percibirían, tal como está sucediendo en la actualidad, algún tipo de prestación que evitase mayores desigualdades sociales y que sería pagada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El segundo pilar pasaría por el actual sistema de reparto que lo pagaría la Seguridad Social, en función de las aportaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral de cada trabajador, pero de una forma que resultase compatible con el equilibrio del sistema. Esto quiere decir que los gastos de la Seguridad Social (prestaciones) serían iguales a los ingresos (cotizaciones).
El tercero descansaría en el sistema de capitalización y, al igual que el anterior, sería de carácter obligatorio para los menores de 45 año, aunque los trabajadores podrían elegir libremente las carteras en las que colocar sus aportaciones.
El cuarto se apoyaría en el ahorro voluntario de los ciudadanos y permitiría a las personas adaptar sus pensiones futuras a sus preferencias personales. Sería igual al ya existente de fondos de pensiones privados, pero en él los trabajadores deberían poder elegir la cantidad que aportan cada año. Actualmente, el importe de las contribuciones realizadas (con derecho a desgravación en la base imponible del IRPF) está limitado a 8.000 euros. El nuevo sistema eliminaría ese tope.
Así las cosas, se debe afrontar el problema cuanto antes y de forma definitiva, sabiendo que para equilibrar el sistema de pensiones se precisan reformas radicales como las que aquí se proponen.
En conclusión, el fuerte envejecimiento de la población que se está produciendo y que se producirá todavía más en las próximas décadas exige tomar medidas para facilitar la viabilidad financiera de las pensiones. Es necesario resolver un problema en el que se incorporan aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos y que requiere de soluciones inmediatas. No se puede seguir esperando a ver que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar: tenemos la certeza de que cada vez viviremos más años.