El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tiene una rara habilidad para meterse en todos los jardines, ha abierto la caja de los truenos al plantear una quita a favor de las comunidades que se han endeudado más con el Estado.
Las reacciones a la idea no se han hecho esperar, destacando por su clara rotundidad la del presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijoo se ha negado en redondo, con toda la razón, a aceptar una medida que perjudicaría injustamente a las comunidades que, como Galicia, han cumplido sus deberes, disminuyendo el gasto y pidiendo esfuerzos a la población. Comunidades cuyos gobiernos han debido, encima, soportar que critiquen los recortes quienes gastan a lo loco y deben solicitar para ello la ayuda del Estado, pues su brutal endeudamiento les impide acudir a los mercados. El caso de Cataluña, donde parte del dinero recibido del Fondo de Liquidez Autonómica ha ido a organizar la secesión, es especialmente sangrante, pero no el único de insensato despilfarro.
Algunos de los mejores especialistas en financiación autonómica señalan que hay territorios infrafinanciados y que, por tanto, en el nuevo sistema que se negocie, si alguna vez el secesionismo permite que empecemos a hablar de algo diferente a sus delirios, debe hacerse frente a esa realidad. Pero una cosa es que en el futuro se corrijan, tras un gran acuerdo nacional, las actuales deficiencias y otra muy distinta premiar a quienes, conociendo sus límites de gasto, se los han saltado a la torera, en perjuicio de los que han gobernando con la seriedad y el rigor que exigía una devastadora crisis económica. Sería intolerable que la demagogia de la chequera de los más cantamañanas acabásemos pagándola los que hemos estado gobernados por quienes se niegan a hacer populismo con pólvora del rey.
La quita de la formidable deuda contraída por los gobiernos de algunas comunidades constituiría, por tanto, una injusticia manifiesta y un modo de tratar como pánfilos a los ciudadanos más sacrificados y a políticos más serios, dándole la razón a los que se han comportado como esos listillos que actúan convencidos de que acabarán por salirse con la suya. ¿O es que resulta aceptable la quita en el caso de Cataluña, cuya deuda con el Estado -la mayor de España- multiplica por once a la gallega, cuando su población es solo 2,8 veces más grande que la nuestra? ¿O en el caso de la Comunidad Valenciana, cuya deuda, la segunda mayor, multiplica la de Galicia por 7,6, mientras su población no es ni el doble de la gallega?
Pero la quita de la deuda, además de injusta, sería nefasta, una auténtica carga de profundidad contra cualquier sistema de financiación que pudiera pactarse en el futuro, al enviar tres mensajes destructivos: que cualquier sistema establecido es papel mojado; que cada uno puede hacer lo que pete, pues al final las deudas se convierten en agua de borrajas; y que quien se comporta con rigor presupuestario es un merluzo en medio de tiburones.