Derc'hen y Fañch


Aestas alturas es difícil imaginar que en un registro civil español rechacen inscribir a un recién nacido con nombres como Domènec, Itziar o Luísa. Pues algo así ha ocurrido en Francia, donde a familias de Bretaña les han negado la inscripción de dos niños con los prenombres bretones de Derc’hen y Fañch. La razón es que estos nombres de pila no se ajustan a la ortografía del francés. Lo que quizá deberían exigir las autoridades es que se ajusten a una de las dos ortografías del bretón.

Los responsables de los registros actúan por una serie de preceptos legales, como el decreto del 2 de termidor del año II (20 de julio de 1794), que establece que los documentos públicos deben estar escritos en francés en el territorio de la República. La norma procede de una ordenanza real de 1539 según la cual la lengua oficial de la Administración es el francés, disposición que aparece ratificada por la Constitución actual.

En los casos de Derc’hen y Fañch, el problema eran el apóstrofo y la ñ. Se acepta el apóstrofo para indicar una elisión, pero se rechazaba como diacrítico, es decir, cuando altera la pronunciación. Finalmente, la Justicia francesa decidió la semana pasada admitirlo en los nombres bretones.

El problema de la ñ es que no figura en una circular del Ministerio de Justicia del 2014 que estableció las tildes que pueden emplearse en los antropónimos y con qué letras. Ahí no aparece la n con la virgulilla que la convierte en la ñ bretona y española. Lo cual lleva el problema de Fañch (diminutivo de Frañsez, equivalente bretón de Francisco) a otras personas, muchas de ellas descendientes de españoles, como la vascofrancesa Alexandra Ibañez [sic], cuyo apellido apareció convertido en Ibanez en la anotación de su hijo en el libro de familia. Los afectados que combaten la supresión de la virgulilla usan en la vida diaria los nombres genuinos, como Iñaki, Aña o Beñat. Pero ello no los libra de inconvenientes y malentendidos, pues siguen apareciendo como Inaki, Ana o Benat en los documentos oficiales.

En España, si un nombre de pila o un apellido tienen equivalente en una de las lenguas cooficiales, la persona que los lleva tiene derecho a elegir entre la forma castellana y la de otra lengua, sin tener que renunciar a las convenciones ortográficas del idioma correspondiente. Parece que al menos en esto vamos por delante.

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