Cuando en 1948 publicó La sombra del ciprés es alargada el admirado Miguel Delibes, probablemente ni siquiera intuyó que su título valdría para un antes y un después referido a épocas lúgubres y sombrías tan frecuentes en la economía de los españoles. De nuevo se ciñe sobre España la famosa y amenazante sombra alargada. Esta vez, la investigación va sobre las presuntas ayudas públicas al carbón, por valor de 440 millones de euros.
Conmueve que no seamos capaces de escarmentar y no podamos impedir que irrumpan en nuestra memoria casos tan sonoros como lo fueron el del lino y el cáñamo (1998) en Castilla-La Mancha o el de los astilleros (en el 2000). Más lamentable resultaría que ignorásemos la existencia de las tutelas financieras de los intereses comunitarios, ocupadas de garantizar una correcta gestión de las finanzas públicas, corrigiendo las actuaciones irregulares o improcedentes de los gestores de los fondos públicos europeos.
Dichas irregularidades las ejerció España allá por el año 2000 a raíz de la fusión de Astilleros Españoles y Bazán, que dio lugar el mismo año a la constitución de Izar, construyéndose una serie de navíos para la Armada Española.
Las irregularidades cometidas por España no fueron admitidas por Bruselas, que en el 2004 declaraba incompatibles con el mercado determinadas ayudas recibidas por Izar, exigiendo su devolución. Los importes, de 500 y 200 millones, concedidos por la SEPI a los astilleros públicos fueron considerados como «ayuda incompatible» de acuerdo a las normas comunitarias. Las pérdidas de la misma según últimas cifras conocidas, fueron de 182 millones con unas ayudas públicas de casi 2.000 millones entre 1992 y 2002, realmente una quiebra técnica.
Por ello, nuestro país debe situarse especialmente alerta sobre las centrales de carbón en España y las supuestas ayudas irregulares, que deberán ser valoradas por la UE para ver si realmente son compatibles o no con las reglas de competencia europeas.
Finalmente, cabe decir dentro de un pensamiento comprensivo, que las políticas comunitarias ligadas a los fondos estructurales y de cohesión resultan especialmente complejas, ya que su ejecución material depende de otros, de desarrollos normativos, administrativos y financieros de carácter federal.