El otoño catalán ha sido memorable. Con los hechos de octubre 2017 se culminó plenamente el golpe de Estado contra la democracia española y la integridad de España, largamente fraguado por un gobierno regional. ¡Fue declarada la independencia de esta región y proclamada la república catalana! Con nulas consecuencias, naturalmente. Salvo, si acaso, la salida a las calles de Barcelona de un millón de catalanes constitucionalistas los días 8 y 29 de octubre, y el 11 de octubre la aplicación por el Gobierno de España del 155. En virtud de este, el 27 de octubre fueron destituidos el presidente de la Generalitat y sus consejeros, encarcelados por orden de la justicia o huidos de esta, y elecciones al Parlamento regional el 21D.
En estas elecciones se alcanzó el récord de participación del 81,9 %. Los catalanes constitucionalistas sumaron 2.212.871 votos y los separatistas 2.063.361. El partido más votado fue Ciutadans, con 1.102.099 votos. No obstante, los partidos constitucionalistas solo obtienen 65 escaños frente a los 70 de los independentistas Junts-ERC y los revolucionarios de la CUP. Pese a los gravísimos hechos de este otoño, los separatistas han retenido sus feudos en la sobrerrepresentada Cataluña interior.
Con todo, puede ocurrir que hasta 8 diputados separatistas electos no obtengan escaño: el expresidente y los exconsejeros que están en la cárcel o huidos. Dependerá de la justicia y de la interpretación de los reglamentos obtener o no la condición efectiva de diputado. Si al menos tres no pudieran ocupar su escaño, y si se negasen a renunciar a su acta y no fueran sustituidos por los siguientes candidatos de sus listas, entonces cabría, efectivamente, que se formara un gobierno constitucionalista, aunque parece poco probable.
Si así fuera, la cuestión es: tras los hechos inverosímiles de octubre y sus consecuencias (las antes mencionadas, más el caos político total, la honda fractura social, la huida de depósitos, bancos, empresas, la caída de la bolsa y de las inversiones y la reducción del comercio, del turismo y del consumo de electricidad) ¿qué papel asumirá el Gobierno separatista que se forme? En román paladino, ¿volverán a las andadas?
Hasta entonces, la administración de la Generalitat seguirá ejercida por el Gobierno de España. Después habrá que pagar la nómina de los funcionarios y los servicios de sanidad, enseñanza, policía y demás. De este modo, posiblemente, amainarán las bravuconadas y bravatas separatistas.
Con líderes confundidos y sin objetivos ni hoja de ruta (puesto que ya todo el pescado se vendió en las anteriores batallas y en el golpe final de este octubre, en el que recordaremos salió todo: estructuras de Estado, referendo, independencia, república…), sin una administración a su servicio, a los independentistas solo les quedará el victimismo y su acreditada capacidad de hacer daño a España y a los catalanes (en forma de algaradas, performances, repercusión en el extranjero, utilización de la escuela, TV3 y restantes medios).
La única energía en la que los separatistas pueden minar es en el enfrentamiento con el Gobierno de España. Sin embargo, tener una administración detrás les permitió ignorar al Estado de derecho y armar muy detalladamente su golpe a la democracia española. De modo que evitarán perder la Generalitat. Amagarán y no perpetrarán, no vaya a ser que vuelva el 155 y los cabecillas independentistas se encuentren otra vez en lo peor, en prisión o en casa, sin cargo ni poder, sin sueldo y con fianza.
A todo esto, ¿qué hay del futuro de la gente y qué de la economía? Obviamente, visto el diagnóstico, el pronóstico solo puede ser malo o muy malo. En los próximos meses el caos político, la confrontación social y el descalabro económico de Cataluña se agudizarán. El fin del separatismo catalán se prevé largo muy costoso para los catalanes, para la democracia y para España. ¿Tendrá la democracia española la capacidad de evitarlo? ¿Qué capacidad tiene de abreviar el tiempo y el coste?