Mario Blanco, mi abuelo paterno, tenía dos hermanos de ideas políticas opuestas que jamás afectaron a su profundo afecto fraternal: Roberto, escritor y periodista republicano fiel al nuevo régimen proclamado en 1931, y Germán, arcipreste de la parroquia pontevedresa de San Miguel de Lores y, como buen sacerdote de la época, conservador hasta la médula. Poco antes de estallar la Guerra Civil, Roberto visitó a Germán en su luminosa rectoral y resumió la situación política que España atravesaba con una frase aterradora: «Germán, por Madrid xa non se pode andar pola calle con sombreiro». Acabada la contienda, un fabricante tan imaginativo como falto de escrúpulos anunciaría sus productos de un modo que pone hoy los pelos como escarpias: «Los rojos no usaban sombrero».
Fue esa España bárbara la que tratamos de enterrar con la Constitución ahora por tantos denostada. El cambio de 1978 instauró un nuevo régimen político, sí, pero fue mucho más allá. Fue también, y sobre todo, una afirmación colectiva de la concordia civil sobre la incivil brutalidad del duelo a garrotazos: esa confrontación feroz que marcaría una historia nacional tan negra como la pintura negra con la que Goya la representó a principios del siglo XIX, anticipando el futuro de la política española hasta que en 1978 tan trágico ciclo se cerró.
La imagen grotesca de un político fugado de la justicia tras haber sido imputado por gravísimos delitos celebrando en el extranjero el hecho insólito de haber contado con el voto de casi un millón de catalanes nos devuelve a otro país, el de los años treinta, cuando indudables avances políticos, sociales y económicos se combinaron con un grado de confrontación civil que, tras una sublevación militar, acabó de la peor manera imaginable.
Cuando creíamos que esa España desabrida, sectaria y fundamentalista estaba encerrada en el baúl de las peores pesadillas colectivas ha venido el secesionismo a recordarnos que nunca hay que dar una tragedia social por clausurada. El absoluto desprecio del independentismo a las reglas del Estado de derecho y a los principios democráticos; su frenético odio a España; su enloquecida convicción de que con el 37 % del censo representa a toda Cataluña; su fanática certeza de que los catalanes no secesionistas son unos renegados; y su apuesta por salirse con la suya aunque sea dejando reducida a cenizas la supuesta nación a la que proclaman querer y personificar en exclusiva nos devuelven a esa incivilidad de los años treinta que creíamos felizmente superada.
Por eso, lo verdaderamente preocupante de lo ocurrido el jueves en Cataluña no tiene tanto que ver con las posibilidades del independentismo de imponer la secesión, que son las mismas que las del miércoles -cero patatero- sino con el hecho de que tras cuarenta años de ingeniería social nacionalista se ha instalado la discordia civil en un territorio donde viven siete millones y medio de españoles. De eso se trata: ¡nada más... ni nada menos!