No hace falta ser muy listo para saber que detrás del vergonzoso espectáculo que están ofreciendo los líderes del independentismo, al reconocer públicamente que engañaron vilmente a todos los catalanes porque sabían que la secesión unilateral es imposible, no hay una autocrítica muy sincera. Es solo un intento de dignificar el inminente y humillante -para ellos- acatamiento de la Constitución al que se van a someter los miembros del depuesto gobierno golpista encarcelados para tratar de eludir la prisión. Pero, incluso aunque lograran su propósito por ese torticero método, se demostraría que la mejor vía para doblegar su pertinaz desobediencia y forzar su sometimiento a la ley no es la política de apaciguamiento, sino la firme aplicación de la Justicia.
Ahora bien, conviene no confundir la posibilidad de que tanto la rama civil del golpe -los Jordis- como la política -el Gobierno del fugado Puigdemont y los que pervirtieron el Parlamento catalán para dar una apariencia de legalidad a la rebelión- queden en libertad condicional, con la idea de que sus crímenes vayan a quedar impunes. Tanto si se retiran de la política, como han hecho algunos, como si tratan de blindarse obteniendo un escaño en el Parlamento catalán, todos ellos tendrán que ser juzgados y condenados por lo que han hecho, lo que les acarreará muchos años de cárcel. Cualquier otra cosa supondría el suicidio del Estado de derecho en España.
Harían muy mal por ello la Justicia y el Gobierno español, este o el que venga, si tuvieran la tentación de pactar con el independentismo la extinción de la responsabilidad penal de los golpistas -por la vía de la absolución o el indulto-, a cambio de obtener su renuncia formal a la secesión unilateral y su acatamiento de las reglas de juego democráticas. La historia nos demuestra que perdonar a un golpista es invitarle a que vuelva a intentarlo. Ejemplos hay muchos en España, incluso en el pasado reciente.
Lo que ha sucedido ha abierto un camino. Y esa senda, la de hacer frente con toda la fuerza legal y democrática del Estado de derecho a quienes violan la Constitución, es la que hay que seguir si se pretende que el independentismo no vuelva a poner en peligro la libertad, la pluralidad política y la convivencia democrática en Cataluña y la prosperidad económica de España entera.
La democracia no combate ideas, sino delitos. Y cualquier política pactista o de apaciguamiento con el independentismo golpista está no solo condenada al fracaso, sino destinada a fortalecer a los separatistas, que se limitarían a preparar su siguiente asalto a la democracia española con la seguridad de que el Estado volverá a olvidar y perdonar su deslealtad.
Lejos de ser víctimas en este proceso, como proclaman, han demostrado que estaban dispuestos a ser los verdugos de la libertad de una mayoría de catalanes y que les importaban muy poco las consecuencias que su golpe a la Constitución iba a tener para el conjunto de españoles.
Su justo destino es por ello la cárcel. Y en ello nos va nuestro futuro democrático.
Lejos de ser víctimas en este proceso, como proclaman, han demostrado que estaban dispuestos a ser los verdugos de la libertad de una mayoría de catalanes