¿Puede una huelga general fracasar y poner patas arriba a un territorio? La prueba de que sí, es lo sucedido anteayer en Cataluña: la huelga convocada por los independentistas para exigir la libertad de los que solo ellos consideran presos políticos (contra el criterio incluso de Amnistía Internacional, que acaba de negarles tal carácter) y para protestar contra la aplicación del artículo 155 (es decir, contra la restauración de la legalidad en Cataluña, esa que tampoco han apoyado En Marea y el BNG en el Parlamento de Galicia y que ayer acató muerta de miedo la presidenta Forcadell), resultó un fiasco formidable, tanto que el consumo eléctrico respecto al del día anterior aumentó un 5 % y un 3 % respecto de la media.
Tal descalabro demuestra que ya se ha producido en Cataluña lo que tenía que llegar: su hartazgo con quienes la han conducido a un pozo negro. Hace unos días ofrecía La Voz datos escalofriantes: más de 2.000 empresas han abandonado el territorio de la Comunidad; en el mejor octubre para el empleo en los 12 últimos años el aumento de los afiliados a la Seguridad Social ha sido allí imperceptible (el 0,05% frente al 1,3% de Madrid y al 2,1 % de Valencia) y el incremento de paro la sitúa a la cabeza del país; la ocupación hotelera ha caído entre un 30 y 35 % y el tránsito aéreo un 22 %; el encargo de vehículos ha menguado un 30 % y las matriculaciones han subido un 4, 6 % frente al 11% de la media nacional; la actividad bancaria está paralizada y los expertos sitúan la caída del PIB entre un mínimo del 0,7 % y un posible ¡2,7 %! si la situación no se normaliza de inmediato.
Todo ello le importa un pito, claro, al activismo secesionista que en apoyo desesperado de su frustrada rebelión contrarrestó el fracaso de la huelga recurriendo al sabotaje: cortó varias de las principales carreteras catalanas, lo que produjo colas kilométricas, y paralizó gran parte del tráfico ferroviario, al bloquear las vías en algunas de las principales estaciones, entre ellas la de Sants en Barcelona.
Todo, por supuesto, sin que los Mossos movieran un dedo para evitar que un puñado de chavales le amargaran la jornada a los cientos de miles de personas que no podían circular por tren o carretera.
Y es que, ya se sabe, los Mossos están para otra cosa: para apoyar insurrecciones y no para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad.
El espectáculo, como era seguro, se ha convertido en pavoroso: animados por unos poderes públicos que, en lugar de garantes de la legalidad, se convirtieron en sus principales infractores, una minoría activa formada sobre todo por jóvenes que aun no trabajan lleva varios meses jugando a hacer la revolución.
Y, mientras ellos se divierten, la sociedad catalana se instala en un caos aterrador, pagando el precio previsible por haberse puesto en manos de unos facinerosos.
El 21 de diciembre tiene la ocasión de corregir tan grave error: esperemos que lo haga.