Era previsible que Rajoy aplicara in extremis el artículo 155 de la Constitución. En ese sentido me pronuncié en esta columna el pasado 2 de septiembre. Habría que esperar a que los independentistas «se cocieran en su propia salsa», como se comentó en prensa extrajera, y a que el PSOE abandonase su renuencia a esa aplicación. Como defensor del interés general de España le proporcionaría réditos electorales, sobre todo fuera de Cataluña. Ya no era tan previsible lo que al final se decidió. De una tacada como en una partida de billar se impulsan las bolas a las respectivas troneras: ha clareado el ambiente, descolocado a los actores, porque han de reorganizarse para las elecciones, atornillado al PSOE al 155, disipado la amenaza de una moción de censura y enfriado el ardor por la reforma de la Constitución. En definitiva, Mariano Rajoy se ha asegurado la continuidad de la legislatura sin tener que anticipar nuevas elecciones que resultaban inciertas y ha dejado a la Justicia que haga su labor, sin mayor desgaste. Un balance exitoso en el corto plazo.
Con la convocatoria de elecciones para el 21D, la supresión de la autonomía queda devaluada. Al quedar disuelto, no se interviene el Parlament, como se planteaba en la propuesta inicial de medidas al Senado. Los apenas dos meses para celebrarlas justifica que el Gobierno de la Nación se haya hecho cargo de las funciones del de la Generalitat, sin crear o designar otras autoridades que tendrían sentido con el plazo de seis meses que se había propuesto. Se contentó al PSOE, presionado por su versión catalana, pero se ha privado de tiempo para que se recompusiere un posible electorado catalanista no partidario de la aventura de la secesión que ha causado ciertamente un grave daño a España en el intento de internacionalizar un conflicto, que sigue coleando desde Bruselas.
El protagonismo ha pasado a la Justicia, como acaba de comprobarse con las prisiones ya declaradas y la petición de detención de Puigdemont y compañeros de escapada. Por cierto, el protagonismo que no dejaría de tener si Puigdemont hubiese accedido a convocar elecciones, una insistente presión de última hora para que no se aplicase el 155 ya en marcha. Por lo que se enjuiciará al ex President y demás implicados no será solo por haber declarado la independencia, como demuestra la imputación al ex conselller que no participó en ello. Antes de que se aprobara la DUI en el Parlament, en el mismo itinerario del procés, consta nada menos que la aprobación de las leyes sobre referendo y desconexión. Los parlamentarios que dieron su sí, aunque continúen en su cargo, no están exentos de que tengan que rendir también cuentas a la Justicia.
Las elecciones del 21D constituyen el desafío. Una etapa breve, pero intensa, con albor de un nuevo bipartidismo: de un lado, podemitas, en Común e independentistas. ¿Y si se repite la mayoría absoluta de las anteriores? La pregunta y la respuesta quedan en el aire para pensar.
Con la convocatoria de elecciones para el 21D, la supresión de la autonomía queda devaluada. Al quedar disuelto, no se interviene el Parlament, como se planteaba al inicio.