España, sin Gobierno


Desde que el 6 de octubre los independentistas secuestraron la democracia, España se quedó sin Gobierno y sin oposición. Cataluña monopolizó la agenda política durante dos meses estresantes. Los otros asuntos que también nos preocupan a los españoles -catalanes incluidos- quedaron aparcados, en stand by, a la espera de que los técnicos repararan la desfeita. Bien, el conflicto catalán parece encarrilado. Quienes monopolizaban la calle y las instituciones han pasado a monopolizar la pista del circo. La maquinaria de la justicia -que debe ser justa y firme, pero no ciega al contexto político- se ha puesto en marcha. Y Cataluña ya dispone de Gobierno en funciones. Va siendo hora, pues, de que los otros españoles también tengamos Gobierno y oposición. Como diría Carolina Bescansa, que todas las fuerzas políticas nos expliquen qué hay de lo nuestro, qué proyecto tienen para la España plural, no solo qué quieren hacer o deshacer en Cataluña.

Es ya el momento de rescatar en la agenda los asuntos sepultados por el alud catalán. Cito tres y omito varios: los Presupuestos del Estado, las pensiones, la reforma del sistema de financiación autonómica. Desapareció ya la justificación, o la coartada, para aplazar sine die esas tareas, de que no solo de pan y de Cataluña viven los españoles.

Todo el mundo sabe a estas alturas qué significa el artículo 155 de la Constitución, pero algunos hemos leído también el artículo 134: su apartado tercero obliga al Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos del Estado antes del 1 de octubre. El Gobierno de Rajoy ha incumplido este precepto constitucional por primera vez en nuestra historia democrática. No lo cumple porque el PNV, su hipotético apoyo, anda coyunturalmente distanciado. Pero ese argumento no lo exime. A Felipe González le tumbaron unos Presupuestos en el Congreso y cayó su Gobierno, pero había cumplido el plazo prescrito. El Gobierno está fuera de la ley. ¿Nada tiene qué decir la oposición al respecto?

La comisión del Pacto de Toledo, que desde noviembre del año pasado estudia el futuro de las pensiones, se atascó y nadie parece interesado en desatascarla. No avanzó un milímetro en los dos asuntos clave: las fuentes de financiación del sistema y la revalorización de las pensiones. Mientras, el agujero crece: el déficit de la Seguridad Social alcanza ya los 18.000 millones de euros y se financia con deuda pública. Y cada pensionista perderá este año unos 170 euros de poder adquisitivo.

La reforma de la financiación autonómica está empantanada. Los expertos concluyeron su informe en julio, Sáenz de Santamaría elogió el documento, Montoro prometió de inmediato un calendario de negociación con las comunidades autónomas y la conferencia de presidentes expresó su voluntad de seguir adelante. Después, vino Cataluña y se hizo el silencio. El epitafio lo puso Montoro el pasado 24 de octubre: «Se nos ha ido el calendario», dijo.

¿Y ahora, qué? Pues nada, sigamos pendientes de la última payasada de Puigdemont.

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