Con el Estado, la Constitución, la democracia


Visto el coraje democrático del Gobierno ante la incivil, ilegal y delictiva declaración de independencia del ya disuelto parlamento catalán no es razonable suponer que Rajoy haya tenido otro motivo para convocar sin más espera elecciones autonómicas que su firme convicción de que hace así lo mejor para Cataluña y España en su conjunto. O eso o -el tiempo lo dirá- el pago del precio impuesto por el PSOE para apoyar la aplicación del 155 de la Constitución.

Sea como fuere, muchos de quienes hemos sostenido, sin reticencia alguna, la imperiosa necesidad de parar el golpe en Cataluña compartimos hoy un legítimo temor: el que nace del poco tiempo que va a transcurrir entre la intervención de la autonomía y los comicios que el 21 de diciembre deberían permitirnos superar la más grave crisis constitucional de nuestra reciente historia democrática.

Dos meses podría ser muy poco tiempo para afrontar la dificilísima tarea de restituir la legalidad en un territorio hundido en el caos de la rebelión nacionalista, pero mucho para que, en ese ambiente, sus dirigentes mantengan la innoble farsa de una Cataluña explotada por España. Dos meses podría ser mucho tiempo para mantener la intervención de una autonomía cuyos ex gobernantes anuncian que la contrarrestarán en la calle con una insurrección, pero muy poco para que, en ese ambiente, los cientos de miles de catalanes engatusados por el nacionalismo descubran la monumental manipulación a la que han sido sometidos.

Corremos, así, el riesgo de que ir a las urnas el 21 de diciembre dificulte desmontar la rebelión y favorezca, en cambio, el declarado objetivo de los secesionistas: mantener la movilización antiespañola hasta el mismo día de las elecciones.

Un riesgo, en todo caso, que, fijada ya la fecha electoral, todos los demócratas debemos conjurar mediante un sólido compromiso con las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la secesión de Cataluña. ¿Cómo?

Afirmando en voz bien alta, cada vez que tengamos ocasión, que esas medidas -que prevén muchas Constituciones democráticas (las de Austria, Italia o Alemania, sin ir más lejos) y practican los dos Estados constitucionales más viejos del planeta (Estados Unidos y Gran Bretaña)- son un ejemplo de cumplimiento de la legalidad y respeto a los valores democráticos frente a la bufonada antidemocrática y el cúmulo de esperpénticas ilegalidades que han culminado en una alucinada y megalómana declaración de independencia. Aquí, contra lo que afirman todos los nacionalistas con el cínico pero inequívoco apoyo de los de Colau y los de Iglesias, no hay más golpe de Estado que el han dado las instituciones de la Generalitat ni más defensores de la ley y los principios democráticos que el Gobierno y los partidos constitucionalistas que, en representación de la inmensa mayoría del país, lo han apoyado. Así de sencillo. Así de claro.

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