La desigualdad fiscal en España


El puzle autonómico en lo que se refiere a la fiscalidad territorial en España se va a agravar próximamente. A partir del 1 de enero de 2019, el Gobierno francés eliminará el gravamen sobre la riqueza personal del contribuyente, conforme a lo anunciado en la campaña electoral por Emmanuel Macron. Tal iniciativa se sumaría a las ya puestas en práctica en otros países, como Austria (1994); Irlanda, Dinamarca y Alemania (1977); Luxemburgo y Finlandia (2006); Suecia (2007); Grecia (2009); y Hungría (2010). Las razones de dicha decisión se centran en: mejorar las condiciones para atraer inversiones y facilitar la relocalización; y para aprovechar la situación derivada del brexit.

En España hemos dudado mucho sobre el tema. De constituir un paradigma en la apuesta por una sociedad más solidaria y donde primaran los principios de igualdad de oportunidades, se ha pasado a su eliminación gradual por las desiguales circunstancias que pesaban sobre los propietarios. El Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció su eliminación en el 2007, con efectos desde primeros de enero del 2008 (para reactivar la economía al comienzo de la recesión); y, sin embargo, se volvió a instaurar en los ejercicios del 2011 y el 2012, aunque con mínimos exentos de 700.000 euros. Lo cierto es que la recaudación por dicho impuesto está siendo muy pequeña; desde el 2011 a la actualidad no sobrepasa los mil millones de euros.

Los debates en torno al mencionado impuesto son muy apasionados. De una parte, el grupo de expertos designados por el Gobierno de Rajoy apuesta por su derogación por entender que poseen efectos negativos sobre el ahorro; por sus reducidos impactos recaudatorios; y porque suponen una doble imposición. Algunos empresarios lo ven como un tributo ideológico y obsoleto. De otra parte, resulta fácil argumentar que quien tiene, debe contribuir; y quien posee, debe ser solidario con los demás; ya tengas ideología liberal o simplemente, cristiana.

La situación se complica en la medida que las distintas comunidades están haciendo dumping fiscal utilizando dicho impuesto como herramienta para captar y desviar patrimonios desde una región a otra. Madrid, por ejemplo, ha bonificado en su totalidad el impuesto, lo que significa que estás exento, en su casi totalidad, de abonarlo. De ahí, los traslados de patrimonios, la constitución de empresas, o el empadronamiento de personas hacia dicha localización. Es decir, asistimos a una competencia desigual dentro de un mismo Estado. Los ingresos de las comunidades autónomas que lo aplican continúan siendo bajos; y además se da la circunstancia de que aquellas regiones con déficit más elevados, son las que mantienen los tipos marginales más desproporcionados.

¿Qué hacer? Tres ideas. Primero, evitar ser un rara avis dentro de España y en Europa. Segundo, sostener el impuesto, aunque sea a efectos censales; que los tipos sean iguales en toda España; contar con nuevos mínimos exentos; y ser más efectivos en la recaudación. Finalmente, enmarcar el impuesto sobre una parte del patrimonio, dejando fuera aquello que permita fomentar la inversión, ya sea personal o empresarial. Es decir, eliminar lo que significa el carácter antieconómico del gravamen y evitar la huida de contribuyentes y emprendedores de una comunidad a otra.

Por Fernando González Laxe Expresidente de la Xunta de Galicia

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