La manera en que se organiza la sanidad en EE. UU. es, como todo el mundo sabe, muy distinta a la nuestra. Pero los intensos debates que se produjeron en ese país para tratar de revocar y sustituir el llamado Obamacare poseen un trasfondo interesante, por lo que implican para la sostenibilidad de cualquier sistema sanitario. Finalmente, la propuesta apoyada por Trump fue retirada por falta de apoyo suficiente en lo que ha constituido una sonora derrota política, dada la persistente oposición republicana a la ACA (Affordable Care Act de Obama) y las reiteradas promesas electorales. Pero lo más sorprendente es que el rechazo se gestó en las propias filas republicanas.
Obamacare impulsó la cobertura sanitaria de muchos millones de ciudadanos y para ello introdujo la obligatoriedad del aseguramiento acompañada de una serie de medidas -subsidios- facilitadoras y otras -fiscales- disuasorias. Además, estableció impuestos específicos sobre los beneficiarios de la expansión del sistema para contribuir a su financiación. Todo ello, mandato más impuestos, es anatema para el Partido Republicano, que declaró la guerra a la reforma desde el principio. El propio Ryan llegó a manifestar que lo realmente nefasto del Obamacare era obligar a las personas sanas a financiar la asistencia de las enfermas.
A las reformas sensatas se las puede combatir muy agresivamente antes de que se implanten, dado el desconocimiento que tiene la gente de los problemas complejos y la facilidad para la manipulación que ofrece esa complejidad. Pero una vez en marcha, la cosa cambia. La reciente propuesta republicana era relativamente cauta por este motivo, lo que provocó el rechazo de los radicales, pero, por otro lado, no dejaba de afectar a los derechos recién adquiridos de una parte de la población, incluyendo a sus propios votantes, lo que preocupó a los más moderados y pragmáticos.
Ante esta situación, un Trump ciertamente despechado ha decidido sentarse a esperar (o quizá facilitar) el fracaso financiero del Obamacare, confiando en que la estructura financiera de ese plan no sea capaz de sostener su expansión sin subir los impuestos. Por supuesto, no es descartable que esto suceda. La extensión de la cobertura puede financiarse gracias al pool de riesgos que supone la obligatoriedad de aseguramiento. El problema viene por el más que previsible incremento de los costes derivados del envejecimiento y las enfermedades crónicas asociadas. Lo que Trump no dice (o no sabe) es que a su plan, vendido, como corresponde a este tiempo de posverdades, como el no va más en cobertura y servicios, le iría mucho peor. Desprovisto de las transferencias de quienes tienes mayores rentas a los que tienen menos y de los sanos a los enfermos, sus cimientos son mucho más débiles, ya que la vía impositiva ni se plantea. Inevitablemente, los enfermos tendrán que pagar ese coste o, lo que es más probable, no recibirán asistencia. Un plan lastrado económica y moralmente.
Nuestro sistema, financiado vía impuestos, equivale a un aseguramiento público universal. Es consistente con los valores dominantes y el modelo de bienestar que deseamos. Pero no es inmune a las tendencias generales que afectan a la salud de la población. No hay prevención para moderar el incremento de la enfermedad crónica ni capacidad para tratarla de manera eficiente. Por no hablar de la asistencia oncológica o las demencias. Si no se hace algo al respecto, pueden pasar varias cosas, ninguna buena: el coste lo soportarán los pacientes y sus familias, o no serán tratados adecuadamente, o los profesionales estarán aún peor remunerados.
Cuando observamos las tensiones políticas a cuenta de la sanidad en EE. UU. nos felicitamos por nuestro modelo público, gratuito y universal. Eso está bien, pero hemos de saber que algunas de sus preocupaciones más serias también deberían serlo nuestras.