Para analizar los Presupuestos Generales del Estado del 2017, podemos partir de tres ideas básicas que parecen indiscutibles: que gobernando sin mayoría ni lealtad institucional no queda más remedio que pactar a cualquier precio; que sobre volúmenes de gasto próximos a los 380.000 millones de euros cualquier concesión que se haga es peccata minuta; y que todos los desequilibrios territoriales que se aprecien en el gasto pueden ser achacados al pueblo que fragmentó el Congreso y liquidó la idea de gobernabilidad heredada de la Transición. Así lo dice el Gobierno. Y es posible que, en términos prácticos, tenga toda la razón.
Pero una cosa es lo que tiene que decir el Gobierno, cuya primera obligación es librar de barricadas la calle del futuro, y otra muy distinta lo que debemos decir los comentaristas independientes, que, sin necesidad de regatear en el córner, podemos barajar hipótesis alternativas -como anticipar las elecciones-, en orden a mantener la coherencia del sistema, aprender algo más de cultura política y evitar lo que acabo de bautizar como el malestar presupuestario. Porque si es cierto que este período de negociación acelerada no parece una enfermedad terminal, también es verdad que un malestar presupuestario crónico podría traer consecuencias catastróficas.
Lo que se está gestando en España es un empoderamiento inusitado de las minorías que actúan como disolventes del interés común y del carácter institucional del Estado, a costa de desmoralizar a las mayorías leales que pagan con su bolsillo y su paciencia la integridad funcional del modelo. La burguesía catalana -que asiste al procés más callada que un muerto- está entusiasmada con Puigdemont y Junqueras, que, a base de deslealtades, ilegalidades y majaderías, han obligado a Rajoy a coger el maletín y rendir una absurda pleitesía a un chantaje disfrazado de diálogo. También Urkullu, que a su sobrefinanciación sistémica le añade ahora pellizcos de lobo, se va, con carita de bueno, por la calle del medio, mientras pregona a quien quiera oírle que ha obligado a Rajoy a aceptar una negociación bilateral y «de poder a poder» -como diría Valdano- entre los entes soberanos de Euskadi y España. Y finalmente tenemos a Rivera y a dos diputados canarios que, usando la historia de la Horcas Caudinas, quieren ganarle a Rajoy el pichichi presupuestario, metiendo goles en ambas puertas, y resolviendo con brillantez los mismos problemas que antes habían creado.
Y eso no es lealtad, ni democracia, ni orden institucional. Porque yo mismo empiezo a creer que el enlace orbital de la AP-9, en Santiago, no lo va a resolver el PP, sino un diputado independentista que, arañándole un escaño al PP, le haga a Rajoy este infantil chantaje: «Si no hay orbital tampoco habrá presupuestos». ¿Son estas, acaso, las reglas de juego?