El Congreso de los Diputados vivió ayer una jornada histórica. Por primera vez en democracia, el poder legislativo reunido en pleno rechazó un decreto ley presentado por el Gobierno sin que mediara un error en la votación. La ausencia de precedentes obliga a considerar lo sucedido como un baldón para el Ejecutivo, que debería haberse asegurado la mayoría antes de someter a votación el decreto de la estiba. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ya debutó con el error mayúsculo de plantear un AVE de segunda para Galicia, sale muy tocado.
Dicho esto, el resto de partidos no tienen motivos para sentirse orgullosos de lo que hicieron ayer. El rechazo del Parlamento a una normativa que viene impuesta por la Unión Europea, además de ser una manifiesta irresponsabilidad política, no le saldrá gratis a España, enfrentada a una multa de 23 millones de euros, que se verá incrementada con otra de 134.107 euros diarios desde el momento, inminente, en el que el Tribunal de Justicia Europeo dicte su segunda sentencia sobre el caso.
Especialmente ignominiosa es la actitud de Ciudadanos, que después de haber manifestado su disposición a apoyar el decreto se echó atrás en el último momento para no participar de la derrota. Una actuación que, dada la naturaleza de la cuestión, resulta aún más injustificable en un partido que se reclama liberal. Lo irregular de las condiciones laborales de los estibadores respecto a las del resto de trabajadores españoles es tan evidente que no merece argumentación. Todo el mundo sabe que es imposible mantener esa situación sin vulnerar la legislación europea, la igualdad de derechos y la libre competencia.
Por eso resulta también vergonzoso el clamoroso silencio de una gran parte de los opinadores de izquierda en esta cuestión y el respaldo de los sindicatos a unos privilegios que atentan contra el derecho de cualquier trabajador a optar a un empleo en condiciones de igualdad. «Eres mi hermano, Charley, tenías la obligación de velar por mí», le decía Brando a Rod Steiger en La ley del silencio. Solo el cobarde temor a ser señalado desde la izquierda más radical y el populismo explica esa actitud pusilánime. No es mi caso. La cesión ante un gremio que no oculta su intención de recurrir a la violencia y paralizar los puertos para mantener sus privilegios - «la única forma de arreglarlo es reventando todo lo que tenemos ahí», dijo el líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya- no solo retrata a unos partidos sometidos a la presión del sindicalismo corporativista más radical, sino también la mediocridad política de unas fuerzas parlamentarias incapaces de anteponer el bien común a su miedo a la impopularidad y a sus ansias de debilitar al Ejecutivo, aunque sea a costa del interés de los españoles. Después de lo sucedido ayer, el Gobierno debería plantearse seriamente si Ciudadanos es un socio fiable y si, en esas condiciones, es más prudente seguir sometiendo a España a una situación de extrema inestabilidad o convocar nuevas elecciones generales.