Los tiempos cambian. Hasta hace unos años cualquiera habría dicho que la probabilidad de ver a una infanta de España en el banquillo de los acusados era nula. Las infantas eran seres casi mitológicos -vagamente evocadoras de las meninas de Velázquez- que salían en el Hola! y ejercían como madres de improbables aspirantes al trono. Por su parte, el Rey era bueno, había salvado la naciente democracia de los cejijuntos golpistas y ejercía con tablas un papel institucional que un día heredaría el Príncipe, igual de bueno y altamente preparado. Ese plácido guion se rompió cuando, como derivación del caso Palma Arena -por el que fue condenado el pluridelictivo ex ministro Matas- se empezó a investigar lo que la sentencia que acaba de conocerse define como «entramado societario» participado al 50% por Iñaki Urdangarin, hasta entonces ejemplar deportista y yerno real. Fue sabiéndose que el entramado se había dedicado a obtener contratos públicos en las comunidades populares de Baleares, Valencia y Madrid, aprovechando la vinculación a la jefatura del estado y con muchos ceros de por medio. Tirando un poco más del hilo, se supo que se había defraudado a hacienda. Unido esto a cacerías de elefantes y amoríos reales, en una España indignada por el paro y la corrupción, se precipitó la sucesión. La sentencia que culmina el procedimiento pasa de puntillas sobre la implicación de la infanta, aprovechando que su enjuiciamiento, tras dura batalla entre el juez Castro y el fiscal defensor Horrach, había quedado previamente reducido a los delitos fiscales. Se concluye que la infanta -a pesar de su privilegiada educación- no sabía: se limitó al papel de socia de las sociedades y usuaria de las tarjetas bancarias con las que iba tirando del producto de los negocios y de los delitos fiscales cometidos por su marido. Así, se la declara partícipe a título lucrativo y deberá devolver 265.000 euros, solidariamente con Urdangarin que, condenado a más de 6 años, recurrirá, como lo harán Torres, Matas y otros, también condenados a distintas penas y responsabilidades civiles. Los medios publicaban ya contundentes opiniones (y hasta editoriales) a favor o en contra cuando únicamente se conocía el fallo de la sentencia. Entre tanto ruido, es difícil explicarle a la ciudadanía que el derecho penal no puede resolver determinados problemas ni está hecho para la venganza o la emoción: es el sofisticado fruto de siglos de pensamiento, una maquinaria racional para depurar las conductas más reprobables, respetando la presunción de inocencia y el «in dubio pro reo», de los cuales se ha hecho aquí más o menos discutible aplicación. Mientras la infanta rediseña su voraz economía, un país en crisis ve cómo sus principales instituciones -monarquía, gobierno, Banco de España, Tribunal de cuentas, administraciones territoriales, etcétera- chapotean entre la opacidad, la falta de ética y la pura corrupción y le pide a una justicia saturada y falta de medios lo que esta difícilmente puede darle: un alivio en su frustración.