El 11 de diciembre del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino de España al entender que nuestra regulación de la estiba era contraria a la libertad de establecimiento y se centró, básicamente, en dos aspectos. El primero de ellos, que las empresas que quisieran desarrollar esta actividad en España tenían que entrar como accionistas en las llamadas Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y que además se veían obligadas a contratar de forma prioritaria a trabajadores de estas sociedades.
Tras más de dos años negociando con los representantes sindicales y la patronal, desde el Ministerio de Fomento estamos trabajando en la aprobación de un Real Decreto Ley que regule el sector de la estiba en base a dos principios fundamentales: la libertad de empresa y la libertad de contratación de los trabajadores.
Como hemos señalado ya en varias ocasiones, esta respuesta normativa no responde a una decisión política, sino al cumplimiento de una sentencia europea.
La propuesta de España, que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea (CE), tiene lugar en un contexto marcado por una segunda sentencia condenatoria que el tribunal europeo dictará con carácter inminente y que supondrá una multa diaria de más de 134.000 euros difícil de explicar a los ciudadanos, ya que se sumaría a los 21,5 millones de sanción que lleva acumulados España a día de hoy.
Nuestra propuesta busca, por tanto, lograr la máxima flexibilización posible para mantener los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas, al tiempo que refuerza las exigencias de profesionalidad y capacitación de los estibadores y abre un abanico de acuerdos para los sindicatos y la patronal dentro del marco de la negociación colectiva. Para favorecer el diálogo en torno a esta cuestión, hemos abierto la puerta a retrasar hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene la aprobación del texto, una vez que se ha desconvocado la huelga anunciada para los días 20, 22 y 24 de este mes y los sindicatos y la patronal han mostrado su disposición a iniciar de inmediato las negociaciones en el seno de los convenios colectivos.
Este es el camino a seguir, el de la negociación colectiva, y esperamos que ambas partes puedan llegar a acuerdos.
La desconvocatoria de la huelga es una buena noticia, ya que sus efectos hubiesen sido muy perniciosos para nuestra economía, nuestra competitividad, así como para el conjunto del país.
En el Ministerio de Fomento estamos convencidos de que la negociación colectiva ofrece todas las posibilidades a los sindicatos y patronal para resolver unas diferencias que ellos mismos saben que no se pueden incluir en el Real Decreto Ley.
Además, seguimos hablando, y así continuaremos haciéndolo, con todos los grupos parlamentarios acerca de la propuesta de reforma que hemos diseñado para el sector de la estiba en cumplimiento con las directrices que nos marcó el tribunal europeo en su sentencia.
En consecuencia, queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad y el diálogo de todos, patronal, sindicatos y grupos políticos, para sacar adelante este Real Decreto y evitar que, por primera vez, España resulte condenada en estos términos por incumplir el Tratado de la Unión Europea y que tenga que afrontar el pago de una sanción que, estoy convencido, nadie quiere.