Corren malos tiempos para el comercio internacional. La firma de tratados comerciales se ha vuelto impopular independientemente de su contenido, debido al rechazo creciente a una globalización que en buena medida escapa a nuestro entendimiento y a la que, por ello, crecientes capas de población ven como una peligrosa bestia que amenaza sus empleos, sistemas de protección social, servicios públicos... En suma, su modelo de vida.
La historia demuestra que las economías abiertas crecen más rápidamente y disfrutan de mayor riqueza y prosperidad que aquellas que se cierran al comercio. Sin embargo, de poco sirve recordar que gracias al incremento del comercio internacional, más de mil millones de personas salieron de la extrema pobreza en los últimos 25 años cuando, como en nuestro país, enfrentamos tasas de paro de dos dígitos, cuando casi un 30 % de los españoles vive en riesgo de pobreza, cuando la precariedad laboral aumenta y la desigualdad no para de crecer.
Pero no es levantando muros ni físicos ni comerciales como se solucionan los problemas de la globalización. No es retornando al más rancio proteccionismo como se corregirán las deslocalizaciones, el desempleo o las amenazas a nuestros sistemas de protección social. Todo lo contrario. Lo que se necesitan son reglas internacionales justas que supriman barreras comerciales al tiempo que impiden el dumping social, laboral y ambiental que socava nuestra capacidad de poder competir en condiciones justas. Reglas como las fijadas en el Tratado UE-Canadá.
El CETA recoge explícitamente el derecho de la UE a no rebajar sus estándares en materia de protección social, laboral, ambiental y de derechos de los consumidores. Es más, Canadá se compromete a firmar las principales convenciones de la OIT. Es un acuerdo que beneficia especialmente a las pymes, que son las que mayores dificultades enfrentan a la hora de superar las barreras comerciales. Y frente a quienes aseguran que el CETA abre la puerta a la ingeniería genética, este no supone modificación alguna en la legislación europea sobre organismos modificados genéticamente. Es más, gracias a este acuerdo la producción agroalimentaria europea obtiene mayores garantías, al proteger Canadá por primera vez 145 indicaciones geográficas de calidad.
Los socialdemócratas europeos hemos votado a favor del acuerdo porque, además de haber logrado con nuestra presión arrojar transparencia en las negociaciones, hemos conseguido que refleje explícitamente la exclusión de los servicios públicos, como el agua, la sanidad o la educación; el pleno derecho de los Gobiernos a prestar los servicios que consideren públicos; la no exigencia de privatizar ningún servicio; el derecho de los Estados para recuperar servicios privatizados. Es un acuerdo progresista, que respeta nuestros valores y nuestro modelo social.
La globalización no es el problema. El problema es su descontrol, la no adopción de reglas que aseguren un comercio más justo y sostenible. Ese es el camino que abre el CETA. Ese es el camino que aspiramos a recorrer los socialdemócratas. De las negativas, incluso trágicas, consecuencias de lo contrario, ya hemos tenido demasiadas muestras a lo largo de la historia.