Siete años de negociaciones estuvieron a punto de irse al traste porque una pequeña región de la Unión Europea se opuso hasta el último momento a la firma de un pacto de comercio con Canadá. El Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido como CETA, sufrió el veto de tres regiones de Bélgica: Valonia, la ciudad de Bruselas y la comunidad francesa, que finalmente aceptaron el texto, que hoy suscribirán la UE y Canadá. Sin embargo, son muchos más los que se oponen a un acuerdo que eliminará el 98 % de los impuestos en los intercambios comerciales y que, en teoría, supondrá un incremento del 20 % del comercio entre las partes. Las reticencias derivan de que el poder de las grandes corporaciones se verá sustancialmente incrementado, hasta el punto de poder pedir compensaciones multimillonarias a los Gobiernos, además de poner en peligro las tradicionales formas de producción europeas.
Los partidarios de la firma defienden que los 500 millones de personas de los 28 países que conforman la Unión Europea verán sus economías muy beneficiadas en un momento en el que la crisis parece no remitir. Los contrarios auguran privatizaciones de todos los servicios básicos, así como un empeoramiento de las condiciones de producción, sobre todo, del sector agrícola.
Una vez más, el eterno dilema entre globalización económica y protección de la calidad, entre crecimiento exponencial y progreso racional y sostenible. La solución está en combinar ambas, y el reto en lograrlo sin perder derechos, servicios o calidad ni sucumbir a las presiones.