El caso Soria ha dejado de ser el caso Soria para convertirse en el caso Guindos y a su vez en el caso Rajoy, quien ayer escapando del caso Rita se paseó por Ourense con el caso Baltar. Lo que se inició con una mentira para ocultar la anterior y otra para esconder esta y así hasta el infinito, terminará por acompañar a ambos dirigentes el resto de sus existencias. Sobre todo después de escuchar las explicaciones, o como quiera llamárseles, dadas por el ministro interino sobre el intento fracasado de situar al amigo exministro en el Banco Mundial.
De Guindos reconoció que el «concurso público entre funcionarios», en palabras de él mismo y del presidente del Gobierno, no era otra cosa que una «designación discrecional», que es como se van a llamar a partir de ahora los dedazos, eso sí, avalada por ser una «decisión técnico administrativa». Pero no debían de estar muy convencidos porque tan pronto comenzaron a agitarse las aguas el Gobierno decidió rápidamente pedir a Soria la renuncia. Claro que, si el nombramiento hubiera respondido a unas mínimas exigencias de legalidad y ética, que es lo mínimo que se pide en una democracia, y el perfil de Soria fuera el «más adecuado», el Gobierno no habría dado marcha atrás con tanta facilidad. Pero fue el mismo De Guindos quien reconoció que la decisión llegó «por el impacto político y mediático», o lo que es lo mismo, porque vieron que se les había descubierto la chapuza.
El rostro de la caída de Lehman Brothers en España se defendió como pudo, tratando de no volver a engañar al respetable. Y, eso sí, dijo algo que todos compartimos. Que estos cargos se reparten en España «con más transparencia» que en Alemania o Bélgica. Se calló que en estos países y en otros el que miente se va a hacer punto de cruz.